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La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. El máximo tribunal del país confirmó que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas. La sentencia ordenó la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecúe el funcionamiento municipal a la normativa indígena.

El fallo marca un punto de inflexión respecto a la jurisprudencia federal y provincial que siempre ha sido muy reticente en reconocer el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas mediante sus instituciones

El conflicto se inició en 2003, cuando la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2439 de creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado.

Luego de un largo proceso judicial, y sin haber tenido respuesta en los juzgados provinciales, el máximo tribunal del país sentenció a favor de la Confederación Mapuche y las comunidades indígenas.

La Corte Suprema condenó a la Provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable, establezca una mesa de diálogo con las instituciones del Pueblo Mapuche para que implementen la consulta que fuera omitida al crear la figura administrativa-política municipal.

El fallo también ordena que se diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. Establece que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén será el encargado de controlar la ejecución de la sentencia y de recibir los informes con los avances logrados en la mesa de diálogo.

La Corte declaró la validez de la creación del Municipio sólo por los graves efectos que tendría declarar la nulidad después de tanto tiempo de funcionamiento, pero al mismo tiempo instó a que Provincia y Municipio subsanen las inconstitucionalidades y adecúen sus normativas y procedimientos que se cumplan los derechos de participación indígena vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Es imprescindible recordar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vinculada con el derecho a la identidad, a la integridad cultural y a las propias instituciones y costumbres. Es una obligación del Estado desde el momento en que se modificó la Constitución Nacional en 1994 y se ratificó el Convenio 169 de la OIT.

Como se señaló en el dictamen de la Procuración General al que la Corte adhirió en sus fundamentos: “En el seno del Pueblo Mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias tales como los parlamentos comunitarios y los lonkos, que representan la autoridad moral e histórica de las comunidades. En estas condiciones, la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder que es ajeno a la cosmovisión y a las instituciones políticas de las comunidades indígenas.

Accedé al fallo completo en este link

Descarga el dictamen de la Procuración General en este link

También podes escuchar las declaraciones del Director Juan Manuel Salgado respecto de este fallo:

Juan Manuel Salgado – Director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas
(Audio gentileza Radio UNCO-CALF)

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La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia revocó un fallo de primera instancia y condenó al Estado nacional por la Masacre de Napalpí, ocurrida en 1924. Además de intimarlo a pagar 375 millones de pesos en indemnizaciones y realizar inversiones públicas para promover el desarrollo de las comunidades, la sentencia sienta un precedente por el carácter genocida que le atribuye al hecho.

La Cámara Federal de Apelaciones hicieron lugar en todas sus partes a la acción resarcitoria condenando al Estado Nacional Argentino a pagar la suma de $ 375.930.000 por el Genocidio del Pueblo Indígena Qom acaecido el 19 de julio del año 1924 y días posteriores, que se conoce históricamente como la “Masacre de Napalpí” (lugar de los muertos en lengua Qom), donde fueron ultimados más de 1500 niños, ancianos, mujeres y hombres. Además, se ordenó al gobierno argentino instrumentar un plan de desarrollo con inversiones públicas, con asignación de recursos y la constitución de una Mesa de Diálogo con el Poder Ejecutivo Argentino y la Organización Indígena.

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“Masacre de Rincón Bomba” es el nombre de la matanza que sufrió el pueblo pilagá en 1947, en Formosa. Sus víctimas fueron cientos de hombres, mujeres y niños de todas las edades. Luego de siete décadas, esa comunidad logró un fallo histórico: el juez federal Fernando Carbajal sentenció que se trata de un “delito de lesa humanidad” y ordenó medidas de reparación. El estado nacional debe invertir en obras que determine el pueblo originario, otorgar becas estudiantiles por diez años, fijar la fecha de la masacre en el calendario escolar y construir un monumento recordatorio, entre otras acciones.

“Los hechos sucedidos en La Bomba (Formosa) constituyen crímenes de lesa humanidad violatorios del Estatuto de Roma, y generan responsabilidad civil por los daños causados, los cuales deben reparados por el estado nacional argentino”, destaca la sentencia del juez federal subrogante de Formosa, Fernando Carbajal. Determinó “reparaciones no patrimoniales”: publicar la sentencia en la página web del Ministerio de Justicia durante al menos tres años, publicarla también en el Boletín Oficial de la Nación y ordena que el Ministerio de Educación de la Nación incluya el 10 de octubre en las efemérides nacionales como recordatorio de la “Masacre de La Bomba”, debiendo el Ministerio (en coordinación con la Federación Pilagá) redactar, imprimir y distribuir un material impreso de difusión para uso educativo “a los fines de su utilización en los establecimientos educativos de todo el país para sensibilizar a la población sobre los hechos”.

También ordena al Estado nacional a realizar, en el lugar de la matanza, un monumento conmemorativo.

La sentencia no abordó un histórico reclamo indígena: los territorios.

El fallo establece que Nación debe otorgar doce becas estudiantiles para estudios terciarios y universitarios por un plazo de diez años –y el monto de cada una debe ser el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil (SMVM), en 12.500 pesos–. Y 30 becas, durante doce años, para jóvenes escolarizados pilagá. En cuanto a “reparaciones patrimoniales”, el fallo establece una “indemnización directa” a la Federación Pilagá equivalente a 720 SMVM. Ordena al Estado Nacional a destinar, en los próximos diez años, la suma equivalente a 6000 SMVM en inversiones públicas en beneficio de los integrantes del pueblo pilagá. “Las inversiones a realizar por el Estado serán a requerimiento e indicación de la Federación Pilagá”, aclara la sentencia, de 82 páginas, que llega luego de 14 años de iniciada la causa judicial.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación reafirmó la obligación para los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas cuando tomen medidas que pudiera afectarlos, e hizo hincapié en el derecho a la autoidentificación de las comunidades (no se requiere que el Estado “reconozca” a una comunidad para que ésta tengo derechos como tal).

La Corte falló a favor del Pueblo Mapuche y en contra del gobierno de Neuquén, al declarar la “inconstitucionalidad” de un decreto que desconocía derechos indígenas.

El decreto 1184/02 fue firmado en agosto de 2002 por el gobernador Jorge Sobisch. El gobernador reglamentó una ley nacional (algo que es competencia del Presidente) y modificó artículos de la norma nacional (23.302). El decreto limitaba el reconocimiento de comunidades con requisitos que contradecían la ley nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Exigía evaluar la “identidad étnica”, la lengua, tipo de “cultura y organización”, solicitaba “que convivan en un hábitat común” y que sean “por lo menos diez familias”.

La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) reclamó en 2002 y planteó la inconstitucionalidad: “El decreto altera por completo el espíritu de la ley nacional, ya que sustituye el principio de autoidentificación por el criterio opuesto de identificación por el Estado. En los hechos implica que prácticamente ninguna comunidad podría obtener su personería jurídica, pues rara vez se darán todos estos presupuestos. Parece más un intento de control ideológico que una regulación de un derecho”.

La Confederación Mapuche apuntó al trasfondo: si la provincia regula las personerías jurídicas, ata a las comunidades y sus derechos a la discrecionalidad del gobierno local. Además, viola la Constitución Nacional (artículo 75).

Luego de once años de acciones judiciales, apelaciones y presentaciones, la Corte Suprema falló: “El decreto (del gobierno de Neuquén) es inconstitucional en la medida en que no se adecua al ‘umbral mínimo’ establecido por el orden normativo federal, por lo que cabe requerir a la provincia que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena (…) El decreto fue dictado omitiendo dar participación previa a las entidades que representan a los pueblos indígenas del Neuquén, desconociendo así la obligación establecida por el Convenio 169.”

La autoidentificación de las comunidades indígenas, consta en el fallo de la Corte Suprema que retoma el constitucionalista Germán Bidart, establece: “Cualquier agrupación, entidad o comunidad que se cree y organice de acuerdo al derecho indígena en el marco de su convivencia colectiva, merecen ser reconocido, registrado o inscripto”. En la práctica, implica que el reconocimiento de los pueblos originarios no está sujeto al Estado, sino a la comunidad indígena.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia de la Corte de Justicia de Salta, que había rechazado la acción de amparo entablada por una comunidad indígena contra esa provincia, que tenía por finalidad cuestionar las normas locales por las cuales se habían desafectado como reservas naturales determinados lotes fiscales y habilitado al Poder Ejecutivo local a ponerlos en venta. La comunidad sostenía que su supervivencia depende de los recursos naturales existentes en esas tierras.

En el caso “Comunidad Indígena Eben Ezer c/ Provincia de Salta”, el tribunal salteño fundamentó el rechazo de la demanda argumentando que ya había operado el período de caducidad.

La Corte Suprema determinó que el fallo local consagró una solución incompatible con el objeto de las demandas de amparo: “La existencia de reglamentación no puede constituir obstáculo para que se restablezca de inmediato a la persona en el goce de la garantía constitucional vulnerada; porque de otro modo bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto u omisión arbitrarios de una norma previa –por más inconstitucional que ésta fuese- para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una oportuna restitución del ejercicio del derecho esencial conculcado”.

Agregó que el carácter negativo del resultado al que condujo la sentencia provincial se veía fuertemente agravado ante los singulares bienes jurídicos que estaban en juego. “La cultura de los miembros de las comunidades indígenas –expresó la Corte Suprema citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos- corresponde a una forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con sus territorios tradicionales y los recursos que allí se encuentran, no sólo por ser estos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”.

La garantía del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas, subrayó la Corte, debe tomar en cuenta que la tierra está estrechamente relacionada con sus tradiciones y expresiones orales, sus costumbres y lenguas, sus artes y rituales, sus conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, sus artes culinarias, el derecho consuetudinario, su vestimenta, filosofía y valores. En función de su entorno, su integración con la naturaleza y su historia, los miembros de las comunidades indígenas transmiten de generación en generación este patrimonio cultural inmaterial, que es recreado constantemente por los miembros de las comunidades y grupos indígenas.


La relevancia y la delicadeza de los aludidos bienes, advirtió finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, deben guiar a los magistrados no sólo en el esclarecimiento y decisión de los puntos de derecho sustancial, sino también de los vinculados con la “protección judicial” prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También refirió a la vigencia del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por vulnerar los derechos al territorio, al ambiente sano y a la alimentación de comunidades originarias. La sentencia estuvo focalizada en Salta, particularmente en 132 comunidades de la Asociación Lhaka Honhat. El fallo de la CIDH es vinculante, por lo cual Estado debe cumplir con lo definido por el tribunal.

“Argentina es responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la propiedad comunitaria indígena, a la identidad cultural, a un medio ambiente sano, a la alimentación y al agua”, destacó el comunicado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en San José de Costa Rica.

La Asociación Lhaka Honhat (“Nuestra Tierra”) está integrada por 132 comunidades y lleva más de tres décadas de lucha judicial y territorial para que se respeten sus derechos básicos.

La Corte ordenó medidas de reparación específicas para que se cumplan el acceso al agua, a la alimentación y la recuperación de la cultura indígena.

La cuestión de fondo, como en toda lucha indígena, es el territorio. La Corte Interamericana determinó que el Estado violó el derecho de propiedad comunitaria indígena a no brindar seguridad jurídica a la misma y permitir que se mantenga la presencia de pobladores “criollos”, no indígenas, en el territorio. Como medida de reparación, ordenó que la entrega del título para las 400 mil hectáreas que abarcan los ex lotes fiscales 55 y 14. El Estado argentino debe “delimitar, demarcar y otorgar un título único colectivo sin subdivisiones”. También debe hacer efectivo el traslado de la población criolla fuera del territorio, remover de las tierras indígenas los alambrados y el ganado perteneciente a pobladores criollos.

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Los gobiernos subsidian con montos millonarios a las compañías petroleras. Techint como la gran ganadora y la necesidad de tasar los pasivos ambientales.

Por Lea Ross


El gobierno nacional acaba de anunciar que elimina el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ayuda básica que recibieron las familias de escasos ingresos por la pandemia. Al mismo tiempo, el presupuesto señala que las empresas petroleras recibirán 164.000 millones de pesos en subsidios durante 2021. En el otro extremo, para las energías renovables el Gobierno invertirá sólo el 1,4 por ciento de lo que destinará a la industria hidrocarburífera.

Subsidios para petroleras
El 15 de octubre funcionarios nacionales y neuquinos realizaron un anuncio desde Loma Campana, el área más conocida de Vaca Muerta. Se trató del lanzamiento del “Plan Gas 2020-2023”, para incentivar la producción e inversión de gas, en reemplazo de sus importaciones.
“Es el fruto de un proceso de articulación entre el sector público y privado”, señaló con micrófono a mano el ministro de Economía, Martín Guzmán. El gobernador, Omar Gutiérrez, sumó: “¡Acá no hay gasto público, acá hay inversión pública!”. Se refería a los subsidios que se entregarán con este plan. El presidente Alberto Fernández señaló que se trataba de “un día de alegría, porque ponemos otra vez en marcha la economía de la producción hidrocarburífera”.

Cuando hablamos de “subsidios”, nos referimos a la entrega de fondos públicos que actúan como incentivo para una determinada actividad. En materia energética, puede haber un propósito “social”, que consiste en desinflar las tarifas de luz y gas para que los servicios sean accesibles; pero también de índole “económico”, como incentivo para que las empresas tengan interés para trabajar en la producción, generación, transporte y suministro de gas y electricidad.
Entre esas distintas etapas de cadenas de valor, la actividad primaria de producción, encargada de extraer gas y petróleo, son ejercidas por multinacionales.
Ante su inminente aprobación en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021, entregado por el Poder Ejecutivo, establece entre sus objetivos la profundización de “medidas orientadas al desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que tiene el país (…). En especial, se buscará generar las condiciones adecuadas para reponer la producción luego de la crisis ocasionada por el Covid-19”.
También se buscará “fomentar el desarrollo de yacimientos convencionales y no convencionales, así como la exploración costa afuera de hidrocarburos. Las obras de infraestructura acompañarán esta proyección”.
Entre los subsidios económicos para cumplir con esos objetivos, se destaca el programa denominado “Formulación y ejecución de política de hidrocarburos”, cuyo objeto es la de incentivar la exploración y explotación de gas y petróleo crudo, entre otros. El importe para éste programa es de 117.000 millones de pesos. Según las planillas presentadas por el gobierno nacional, la mayor parte de ese monto, unos 92.000 millones, se computarán para las llamadas “transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes”. Una manera sutil de decir que las petroleras lo puedan gastar para cualquier cosa.
Otro subsidio es el subprograma llamado “subsidios a la oferta de gas natural”, con el fin de estimular su producción y facilitar la exploración y explotación de susodicho recurso. La misma está conformada por dos ítems. El primero es el “Plan Gas” recientemente anunciado por Fernández, con un monto de 20.000 millones de pesos. Pero también aparece el cumplimento de las exigencias firmadas durante el gobierno de Mauricio Macri, la Resolución 46/2017, cuya función es impulsar la extracción de gas no convencional, es decir, aquella que se extrae mediante el cuestionado fracking, y que se mantiene intacto aún con el cambio de Gobierno. En éste caso, se propone un desembolso de 58.000 millones de pesos.
En ambos casos, se esperan una transferencia para el año próximo de 78.000 millones de pesos, donde 71.000 millones son para las petroleras, y los 7000 millones restantes para las instituciones provinciales y municipales.
Si se suman los 92.000 millones con los 71.000 millones que se esperan ser destinados para las principales empresas extractivas de petróleo y gas, el monto total de fondos asciende a 164.000, equivalente a la entrega del IFE durante dos meses para todas las familias argentinas.
Comparado con lo que se invertirá en materia de políticas que impulsen el aprovechamiento de energías renovables, se presupuestaron para 2012 unos 2127 millones para el “Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales” y 136 millones para el programa “Acciones para el uso racional y eficiente de la energía”. Eso es un total de 2263 millones, que equivalen a tan solo el 1,38 por ciento de los fondos que recibirán las petroleras.

Política de Estado
Según un informe del 2017, denominado “Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales”, realizado por el Taller Ecologista Rosario y el Observatorio Petrolero Sur, durante los tres gobiernos kirchneristas hubo un aumento paulatino en la apuesta de los subsidios energéticos (tanto sociales como económicos, y para todas las cadenas de valor). Así, entre los años 2004 y 2012 se pasó de un 1,8 por ciento hasta casi un ocho por ciento, en comparación con todo el gasto público nacional. Pero a partir del 2013, luego de la expropiación de las acciones de YPF y de sellar el acuerdo con la petrolera Chevron para trabajar en Vaca Muerta, la participación de esos subsidios en los gastos que emana el Estado alcanzaron los dos dígitos: el 10,18 por ciento.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de su proclama contra el déficit fiscal, se realizaron notables recortes a la inyección de fondos que serían paliados con los aumentos de las tarifas de gas y luz, los llamados “tarifazos”.
En base a otro informe, realizado por Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), titulado “Los subsidios a los combustibles fósiles 2019-2020: ¿Todo sigue igual de ‘bien’?”, publicado en agosto pasado, se precisa que el Estado argentino entregó en materia de subsidios energéticos un total de 2922 millones de dólares en 2016. Pero en 2017 se redujeron a 1244 millones. Y al año siguiente, en 2018, a unos 340 millones.
Pero ese año, en la mitad de la presidencia de Macri, se retornaron los fondos para extraer gas no convencional en Vaca Muerta. De esta manera, hubo un leve recupero en 2019 con más de 576 millones de dólares pagados, un 69 por ciento de aumento en comparación con 2018.
Tanto uno como otro gobierno, establecieron desde el 2013, una serie de planes para beneficiar a todos aquellos capaces de extraer gas en la gran reserva neuquina. Tal es el caso del Plan Gas I (Resolución 01/2013), Plan Gas II (Resolución 60/2013), Plan Gas III (Resolución 74/2016), Plan Gas No Convencional (Resolución 46-E/2017) y el Plan Gas IV o 2020-2023, presentada por Alberto Fernández.
En la actualidad, los dos primeros planes, provenientes del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedaron obsoletos. Y todavía se sigue pagando los planes lanzados por el macrismo.

Los ganadores
En 2019, la empresa que más tajada recibió de esos millonarios fondos fue Tecpetrol, del Grupo Techint de Paolo Rocca, el mismo que se reunió con Alberto Fernández, previo al lanzamiento del último plan de subsidios para el gas.
Tecpetrol se quedó con casi la mitad de esas transferencias: un 47 por ciento del total. La razón de por qué Rocca, considerado como el zar del monopolio del acero, se quedó con esa tremenda cantidad de fondos es porque su brazo petrolero, Tecpetrol, tiene entre sus activos la concesión de Fortín de Piedra, que es la principal área de gas de Vaca Muerta.
Después de Techint, en su cómodo primer lugar, las dos empresas siguientes que más recibieron esos subsidios fueron Compañía General de Combustibles (CGC) con 4500 millones (16 por ciento del total) e YPF, con 3200 millones (12 por ciento). El resto de las 22 compañías completaron el 25 por ciento restante.
En base a los estados contables, analizados por FARN, se calculan que los subsidios para el gas que recibió Tecpetrol fueron el equivalente al 35 por ciento de todos los ingresos que tuvo la compañía en materia de ventas para este suministro en 2019. Mientras que para la Compañía General de Combustibles fue más auspicioso: 53 por ciento.
Comparado con sus ventas totales, para Tecpetrol fue relativamente más auspicioso: un 26 por ciento, mientras que para CGC fue del 12 por ciento.

¿Y el pasivo ambiental?
A nivel institucional todavía no está presente una tasación que refiera al pasivo ambiental que estas empresas generan con a explotación hidrocarburífera. No existen cifras oficiales del costo económico que implica remediar los daños ambientales que generan los pozos de extracción de gas y petróleo. Mucho menos se cuantificaron los costos de la “remediación ambiental” (como se suele llamar en la jerga petrolera) de los derrames, explosiones y cursos de agua contaminados.
Un antecedente se observó durante las discusiones con la multinacional Repsol para recuperar las acciones de YPF (en 2012). Los ministros de Infraestructura y de Economía, Julio de Vido y Axel Kicillof, le advertían a la compañía española respecto a los casos de contaminación que provocaron sus pozos en distintas provincias. Según un relevamiento del diario Tiempo Argentino, en base a declaraciones públicas de funcionarios provinciales, si se sumaba el déficit financiero de YPF-Repsol con los costos que implicaba recuperar el ambiente dañado, por las extracciones de la petrolera, ofrecía un total de 15.000 millones de dólares de pasivos.
Meses después, el Gobierno dejó de lado los pasivos ambientales y acordó con Repsol la expropiación de YPF por 5000 millones de dólares.

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Basureros con residuos tóxicos, incendios, accidentes petroleros y sismos configuran un peligro para la salud de la población. Desde el Estado continúa la apuesta por el desarrollo hidrocarburífero más grande del país, a pesar de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

Por Mariángeles Guerrero


¿Es posible un modelo de “soberanía energética” sin respetar derechos? En 2013, el acuerdo YPF-Chevron comenzaba a consolidar el megaproyecto Vaca Muerta en la patagonia argentina y era presentado discursivamente como un “milagro” que potenciaría la soberanía en términos de energía. Siete años después, un nuevo anuncio del Plan Gas muestra que -pese al repudio del extractivismo en términos socioambientales-, para los distintos gobiernos Vaca Muerta sigue siendo una apuesta ligada a un concepto de desarrollo que soslaya el cuidado de la vida y la salud.

ABC y discurso oficial
Los reservorios llamados “shale” son aquellos en las que el petróleo o el gas está atrapado en las rocas en forma de gotas microscópicas. Estas rocas no son lo suficientemente permeables y, para realizar la extracción, hay que recurrir al fracking o fractura hidráulica. Esta tecnología consiste en la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos en el suelo -a una profundidad que oscila entre 2500 y 4000 metros-, con el fin de incrementar la permeabilidad y mejorar la extracción. También incluye perforaciones horizontales.
Vaca Muerta es la formación de “shale” más grande del país. Abarca una superficie de 30 mil kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En ese territorio viven 21 comunidades mapuches.
“Vamos a volver a poner de pie a un país que había quedado muy lastimado», dijo Alberto Fernández a mediados de octubre, durante el anuncio del Plan Gas en Loma Campana (Neuquén). «Vaca Muerta es la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía», prometió Miguel Galuccio en junio, en sintonía con el discurso que mantuvo en 2013, cuando era el CEO de YPF y Vaca Muerta se presentaba como el as de la política económica y energética. Prometía una política con “impacto ambiental cero”.
Sin embargo, también por esos años, comunidades originarias, activistas, ambientalistas, personas vinculadas a la vida académica y a la investigación comenzaron a visibilizar las consecuencias del fracking. Esa técnica que se conoce desde los años 50, pero que en Argentina se utiliza de forma intensiva y comercial a partir de 2014, en la formación de Vaca Muerta como su enclave más importante.

Formas de vida diferentes
“El conocimiento mapuche tiene una forma de vida muy relacionada con el lugar, en el cual no nos ubicamos como el centro de la existencia sino agradeciendo y con un gran respeto por el equilibrio de la naturaleza y por cada una de las vidas que existen”, relata Lefxaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén.
“La industria petrolera y particularmente el fracking es todo lo contrario a esa forma de vida. Dinamita el subsuelo, destruye las napas de agua, elimina las plantas y los animales que hay en el lugar y contamina de una manera feroz. No solo que destruye el lugar sino que destruye cualquier posibilidad de futuro”, denuncia.
El uso del agua, la sismicidad inducida, los basureros con residuos altamente tóxicos y las emisiones de carbono conforman una agenda propia y variada de amenaza y defensa de los recursos naturales y de las poblaciones que habitan esos territorios. Los incendios, los derrames y las explosiones también encienden la alarma sobre esta forma de extractivismo.

Crédito: Juan Thomes

Agua y sismos
Según el informe “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”, elaborado en 2017 por Martín Álvarez Mullally, Lisandro Arelovich, Fernando Cabrera y Diego di Risio, la extracción del gas y petróleo no convencional utiliza mayores volúmenes de agua que el convencional: puede emplear de 9 a 29 millones de litros por cada pozo. Desde el Estado y las empresas relativizan esa cifra, aduciendo que es un porción ínfima de la demanda provincial de agua. Al dato del volumen se suma un interrogante: ¿cuál es el tratamiento que recibe el agua una vez utilizada, la llamada “agua de retorno”?
“Entre el 20 y el 80 por ciento de ese agua puede volver a la superficie”, indica Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y uno de los autores del informe. “Ese líquido vuelve con elementos propios de la tierra que desconocemos”, agrega. Es decir: hidrocarburos, metales pesados e incluso posibles sustancias radiactivas contenidas en el subsuelo.
La inyección de un caudal importante de agua a alta presión, la extracción de ese líquido y la disposición final en sumideros subterráneos significa un problema en términos de residuos y también a nivel del subsuelo. Estos mecanismos impactan ocasionando sismos en zonas no sísmicas, como en el pueblo neuquino de Sauzal Bonito. “Una de las cosas que hacen prever que los sismos están relacionados con la intervención humana es que su epicentro ocurre a 3000 o 4000 metros de profundidad, cuando los sismos tienen un epicentro mucho más profundo”, explica Cabrera. Desde el gobierno provincial prometieron 20 sismógrafos para medir el impacto de la industria hidrocarburífera, pero hasta ahora solo llegaron dos.

Basureros petroleros
Otro de los problemas son los basureros donde se disponen los desechos que genera la explotación. A fines de 2018, Greenpeace descubrió que la compañía Treater S.A., proveedora de empresas petroleras internacionales, estaba desechando residuos industriales tóxicos provenientes del fracking en piletones de un tamaño equivalente a 15 canchas de fútbol. “En Vaca Muerta hay más de mil pozos y cada uno genera entre 600 y 850 metros cúbicos de residuos que circulan hasta las plantas tratadoras, atravesando ciudades, comunidades, zonas productivas y cuerpos de agua”, advierten desde Greenpeace. “Estos desperdicios se descartan directamente sobre el suelo y sin tomar medidas de seguridad, como si fueran verdaderas cloacas petroleras”, aseguran.
Greenpeace aportó un muestreo de los residuos de los basureros tóxicos donde se encontraron metales pesados como plomo y bario con alto impacto en el ambiente y en la salud. En los lodos que conforman los residuos de la perforación también se hallaron metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio de origen natural.
“Estas sustancias tóxicas se liberan al aire o al agua y, además de los efectos sobre la salud causados por el impacto de las emisiones en el aire y el agua, tienen efectos sobre el ambiente. Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, afirman desde la organización ambiental.
“El fracking extrae petróleo y gas de una manera mucho más difusa y complicada. Ese rompimiento de la piedra libera el gas y el petróleo y también el agua contaminada que se utiliza para la ruptura, donde se usan distintos químicos. Es por eso que es tan contaminante la extracción petrolífera y de gas en Vaca Muerta”, argumenta Leonel Mingo, de Greenpeace, en diálogo con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mingo indica que actualmente se encuentran a la espera de un fallo judicial en relación a las denuncias presentadas por los basureros tóxicos de Vaca Muerta.
El referente de la ONG también aludió además a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, sostuvo que “la principal emisión de gases del efecto invernadero proviene de los combustibles fósiles: gas, carbón, petróleo”. Estima que Vaca Muerta generará 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono durante toda su vida útil. En ese marco, recordó los compromisos internacionales de Argentina en disminuir las emisiones, tal como lo establece el Acuerdo de París. “Es imposible que pueda reducir los gases de efecto invernadero mientras se siga apostando a la generación de energía a través de los combustibles fósiles”, afirmó Mingo.

Derrames
Otra arista del problema tiene que ver con los accidentes y derrames ocurridos en Vaca Muerta y donde, como en las otras situaciones, el Estado provincial y las empresas desdibujan las consecuencias y las responsabilidades.
En Loma Campana, epicentro del megaproyecto operado por YPF-Chevron, el 2 de septiembre de 2014 se produjo un derrame petrolero durante 16 horas. Cerca de allí se encuentra la comunidad mapuche Campo Maripe.
“La gran presencia de comunidades en esas zonas se debe a la Campaña del Desierto, en la cual fuimos desplazados de los lugares que eran fértiles porque eran pretendidos por el valor exportador. Ahora vivimos en estos lugares donde hemos sobrevivido con la pequeña ganadería caprina y las huertas y son pretendidos por las petroleras”, explicó Lefxaru Nahuel.
Los “accidentes” se repiten año a año. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280, operado por Yacimientos Petrolíferos del Sur (YSUR, una subsidiaria de YPF).
En 2016 se conoció lo que YPF informó como un “derrame menor” en la localidad de Fernández Oro, zona de producción de manzanas y peras rionegrinas. El Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató “la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas”, según refiere Fernando Cabrera en su artículo “Vaca Muerta, entre el desastre socioambiental y los argumentos ecologistas”.
En octubre de 2018, en Bandurria Sur, donde operan YPF y la estadounidense Schlumberger, un derrame de petróleo duró 36 horas. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguró que fueron 45. La misma dependencia oficial indicó que, entre 2015 y 2018, ocurrieron 3368 “incidentes ambientales” por la explotación petrolera en Vaca Muerta. En septiembre de 2019 se incendió el pozo LLL X-2 de YPF en Loma La Lata, en Neuquén, a escasos metros del lago Los Barreales. Fueron necesarios 24 días de trabajo para apagar el fuego y frenar los derrames.

Falta de control y daños irreparables
“En la meseta de Neuquén hay familias que no acceden al gas, pero a la noche se ven los venteos de gas de las empresas que están extrayendo a pocos kilómetros. El objetivo de Vaca Muerta no es proveer ni abastecer de una mejor calidad de vida a la gente que vive acá sino continuar el saqueo, el empobrecimiento y la contaminación”, define Lefxaru Nahuel.
Impactos en el agua, el aire y la tierra. Afectación de la salud, el territorio y la vida. El desarrollo del proyecto energético de Vaca Muerta se basa en la vulneración de derechos de las y los pobladores. “Sin embargo, ninguna investigación judicial ha prosperado porque hay un blindaje mediático y político hacia las empresas”, señalan desde la Confederación Mapuche. “La falta de control ambiental es una de las garantías que les da el gobierno provincial en detrimento de los derechos del Pueblo Mapuche. Que no hayan avanzado las causas judiciales es una muestra de eso”, dice Lefxaru Nahuel. Y, una vez más, advierte: “Ojalá haya justicia porque las consecuencias y los daños son irreparables”.

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En 2021 vence la tercera prórroga de la Ley Nacional 26.160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas. A 14 años de su promulgación, en Neuquén los avances son escasos y numerosas comunidades mapuches quedaron por fuera del relevamiento, como el Lof Campo Maripe, en cuyo territorio se encuentra el yacimiento petrolero Vaca Muerta.

Por Florencia Yanniello


La Ley Nacional 26.160 fue sancionada en 2006 con un plazo de vigencia de cuatro años, con la intención de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas, en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Este artículo, además, establece que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. A 14 años de la sanción, en Neuquén es escaso el cumplimiento de la Ley.

“Falta de implementación”
El informe realizado en 2017 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la implementación de la Ley 26160 afirma que la mayoría de las comunidades indígenas del país no cuenta con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional. Esto deriva de la “desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras o de la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas”.
El objetivo principal de la Ley 26.160 es el de realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias. El organismo responsable del cumplimiento de esta ley es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualmente presidido por la ex senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda. Los plazos para el relevamiento territorial se estipulaban para 2010, aunque no se cumplieron y por ese motivo la ley fue prorrogada en tres oportunidades: en 2009, en 2013 y en 2017, esta última extensión prolongó su vigencia hasta noviembre de 2021.
Sin embargo, a tres años de la última prórroga, su implementación continúa siendo insuficiente. El relevamiento territorial afecta intereses de sectores privados y de grandes corporaciones y esto obstaculizó su realización, ya que en la mayoría de las provincias los avances han sido escasos.
“Muchas situaciones de desalojos están relacionadas con una falta de implementación de la Ley 26.160”, señala Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. “Si bien la valoramos como una ley muy novedosa y positiva en su letra y espíritu, es un punto de partida. Porque si después del relevamiento no se les otorga herramientas a las comunidades, esto queda sólo como un diagnóstico. Es fundamental contar también con una ley de propiedad comunitaria”.
La Ley 26.160 tiene relación con el compromiso asumido por Argentina al suscribir y ratificar del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
Según un informe de Amnistía publicado en octubre de 2019, hasta ese momento el relevamiento llevaba 1687 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). De ese número, sólo 967 comunidades habían iniciado el proceso y aún quedaban por relevar 720 del total que se encuentran registradas. La publicación destaca, además, que en provincias con un fuerte componente de población originaria en donde se identificaron tensiones sobre los territorios –tales como Río Negro, Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy y Salta– no se finalizó el relevamiento.

Neuquén y la disputa por Vaca Muerta
La aplicación de la Ley en Neuquén fue problemática desde su inicio, señala Micaela Gomiz, abogada de la Confederación Mapuce de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI): “La Ley es del año 2006 y en Neuquén recién se firmó el convenio entre Nación y Provincia para su implementación en 2012. Esto significó un atraso y una agudización de los conflictos ya existentes que podrían haberse abordado en el marco de los relevamientos territoriales”.
El Equipo Técnico Operativo (ETO) a cargo el relevamiento comenzó a trabajar en 2013 y en el convenio firmado entre el gobierno nacional y el provincial no se incorporaron la totalidad de las comunidades existentes, sino sólo las que tenían personería jurídica al momento de comenzar el relevamiento. “Ya partimos de un defecto legal, por incumplir la Ley nacional y su decreto reglamentario, que no establecen que la personería fuera un requisito excluyente para ser parte del registro. Así, se dejó afuera a una gran cantidad de comunidades que no cumplían con esta exigencia”, relata la abogada del ODHPI.

Crédito: Confederación Mapuce de Neuquén

Campo Maripe
La comunidad mapuche Campo Maripe, ubicada en la localidad neuquina de Añelo -en donde está situado el yacimiento de petróleo no convencional Vaca Muerta- fue una de las que quedó por fuera del relevamiento de la 26.160, por no tener personería jurídica en ese entonces.
En 2011 la comunidad se encontraba en pleno conflicto por la decisión de Repsol-YPF de explotar el yacimiento Vaca Muerta, ubicado en su territorio. Desde que la empresa anunció el descubrimiento de la formación petrolera y su interés en explotarla, la comunidad comenzó a padecer un proceso de hostigamiento por sus tierras.
Como habían quedado excluidos del relevamiento de la Ley 26.160, los integrantes de Campo Maripe tuvieron que encabezar una serie de medidas de lucha para que la Provincia se sentara a discutir con ellos. Así, lograron inscribir su personería jurídica en 2014 y exigieron un relevamiento territorial que el gobierno provincial promovió, pero luego desconoció arbitrariamente.
Este relevamiento -que se realizó por fuera de la ley nacional- fue llevado a cabo por un Equipo Técnico Interdisciplinario, que siguió el modelo y metodología del Programa de Relevamiento Provincial en el marco de la 26.160 y tuvo como encuadre institucional el Acta Acuerdo de Paz Social y Diálogo Permanente, firmada el 24 de octubre de 2014, entre la comunidad -representada por el logko (autoridad) Albino Campo- y el Estado Provincial -representado por el entonces ministro de Coordinación de Gabinete, Gabriel Gastaminza-. De ese trabajo surgió un informe, publicado en 2015, que describe y documenta el vínculo material y simbólico que sostiene la Comunidad Campo Maripe con las tierras que actualmente ocupa.

Negar la historia y criminalizar
“Fue un relevamiento muy interesante, trabajamos sobre memoria oral y con todos los archivos que encontramos. Ellos tenían mucha documentación de los tiempos de pastaje”, destaca Luisa Meza Huecho, estudiante de historia y miembro del Pueblo Mapuche, quien coordinó junto a la antropóloga Jorgelina Villareal el informe histórico antropológico. “La comunidad tuvo mucha predisposición para trabajar, tenían una necesidad enorme de demostrar que ellos siempre estuvieron ahí”, agrega.
“Para nosotros el relevamiento fue un hecho muy importante internamente, porque representa una herramienta para defender el territorio, para que ni las petroleras ni el Estado nos tilden de usurpadores”, cuenta Lorena Bravo, werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe. “Fue un enriquecimiento muy grande porque nos trajo a la memoria a nuestros mayores, las primeras voces que teníamos que escuchar para contar la historia de la comunidad, de casi 100 años atrás. Todavía seguían en su recuerdo las maneras de nombrar algunos lugares que las petroleras han querido cambiar”, relata.
En relación al desconocimiento del informe por parte del gobierno neuquino, Meza Huecho manifiesta: “El Estado en ese momento relevaba comunidades y paralelamente le seguía sacando tierras. Campo Maripe necesitaba demostrar su pertenencia y preexistencia a ese territorio y con el relevamiento logramos demostrar que son cerca de 16.000 hectáreas las que pertenecen a la comunidad”. Recuerda indignada el trabajo realizado y luego ignorado: “Previo a entregarle al Estado el informe tuvimos una reunión del equipo completo con la comunidad para mostrarle los mapas y el registro. Y después de eso nos desconocieron el informe por completo. Nos mintieron en la cara”.
En la misma línea, la abogada Micaela Gomiz, recuerda: “No se quiso reconocer el informe antropológico, que era muy importante para dar garantías al reclamo de la comunidad, de la pertenencia territorial y de la pertenencia al Pueblo Mapuche”. Tal como relata la abogada del ODHPI, luego de ese episodio, el conflicto continuó y se recrudeció: “Empezaron las causas judiciales, entre ellas una penal por usurpación que estuvo seis años abierta, que tuvo un juicio oral en 2019, una absolución, luego se decretó la nulidad de esa absolución y hace alrededor de un mes logramos el sobreseimiento”.

2020
Actualmente el panorama se mantiene complejo. Si bien la comunidad no perdió la posesión de las tierras, sigue en alerta y todavía tiene en curso un juicio en el fuero civil. “Vivimos en una situación de presión constante, con un doble embate: por un lado, territorial y por el otro, judicial”, expresa la vocera Lorena Bravo y agrega: “La Ley 26.160 no resuelve todos los problemas de fondo, pero si se implementara bien garantizaría cierta seguridad para las comunidades frente a los intereses de particulares y de las empresas petroleras”.
Micaela Gomiz plantea que la resolución de este tipo de problemas nunca puede ser por la vía legal, ni penal ni civil. En ese sentido, manifiesta: “Existe una responsabilidad del Estado de tener que avanzar con el relevamiento, debería ser el instrumento válido y legal que permita dar certezas sobre lo territorial en estos casos e incluso indemnizar a los particulares que hayan adquirido tierras de buena fe. Por eso la Ley 26.160 es un instrumento importante y se tiene que reactivar con urgencia”.
La aplicación de la Ley sigue siendo un desafío en Neuquén y una deuda del Estado en la mayoría de las provincias. Sumado a esto, en el último año se intensificaron los debates sobre la posesión de las tierras del Pueblo Mapuche y se instaló nuevamente en la agenda mediática una mirada sesgada del conflicto. Luisa Meza Huecho, reflexiona: “Hay un enorme desconocimiento de la sociedad no mapuche sobre nuestro pueblo. Esto tiene que ver con las políticas de Estado y no de estos últimos 15 años, sino de los últimos 150. Hay una negación enorme hacia los derechos de los pueblos originarios”.

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Una identidad enraizada en el territorio, como la del Pueblo Mapuce, se sustenta en una cosmovisión basada en el ordenamiento natural. Va mucho más allá de la “calidad de vida” que propone el capitalismo. No es acumular bienes, ni priorizar el individualismo y el lucro. Implica una continuidad entre naturaleza y sociedad, un sistema de vida en equilibro y armonía.

Por Florencia Yanniello, para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi)


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