El ODHPI en la CIDH: Vaca Muerta, vulneración de derechos humanos y ausencia del Estado
La Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), con el acompañamiento jurídico del Observatorio, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La participación fue como Amicus Curiae en las Audiencias Públicas que fijó el máximo tribunal ante una Solicitud de Opinión Consultiva sobre “Emergencia Climática y Derechos Humanos”, iniciada por Chile y Colombia, en 2023.
En esta solicitud, ambas repúblicas le requirieron a la CIDH que aclare “el alcance de las obligaciones estatales, en su dimensión individual y colectiva, para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que tenga especialmente en cuenta las afectaciones diferenciadas que dicha emergencia tiene sobre las personas de diversas regiones y grupos poblacionales, la naturaleza y la sobrevivencia humana en nuestro planeta”.
El Amicus fue elaborado con la participación del abogado del ODHPI Franco Vazquez y la exposición la llevó a cabo el abogado Lefxaru Nawel, en representación de la CMN y el ODHPI, quien presentó el caso “El Metano en el Megaproyecto Vaca Muerta y la afectación a la libre determinación del Pueblo Mapuce”.
Los ejes que se desarrollaron fueron la falta de control por parte de los Estados provincial y nacional sobre las emisiones del gas en el territorio donde se ancla Vaca Muerta y sus alrededores, las consecuencias que esto genera en la contaminación del medio ambiente y el impacto de la industria hidrocarburífera sobre los territorios comunitarios.
El análisis de la actualidad y las determinaciones que toman los sucesivos gobiernos en este país tuvo como punto de partida el mundo por venir. “Nos preocupa la grave afectación a las generaciones futuras”, expresó el abogado, al tiempo que advirtió: “esas generaciones que vienen, ni siquiera cambiando radicalmente su forma de vida, podrán revertir la situación de endeudamiento, contaminación y pobreza a las que las destinarán las decisiones del presente”.
Ante este panorama, aseguró que los gobiernos “negacionistas” del Cambio Climático y un “ocultamiento permanente de los impactos que los proyectos extractivistas tienen sobre los territorios y la salud”, son dos problemas fundamentales que en toda América Latina afectan gravemente la acción ante la Emergencia Climática.
Por su parte en Argentina, la ampliación de la frontera hidrocarburífera y las técnicas utilizadas para la extracción de los recursos naturales produjeron “numerosos conflictos con causas penales y demandas contra las comunidades”, toda vez que las mismas pretendieron actuar en defensa propia y ajena, lo que terminó por “alterar su calidad de vida”.
En suma, enumeró un aumento en los derrames petroleros y otras contaminaciones dentro de los territorios de comunidades, el incremento de residuos petroleros sin debido tratamiento, un cambio en las condiciones geológicas de la zona generándose fenómenos naturales que no existían y terribles afectaciones a la salud de las personas.
“Toda la situación es violatoria del derecho fundamental a la libre determinación contemplada en la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, remarcó.
Vaca Muerta. Un ejemplo para graficar lo que se vive
Vaca Muerta es una de las formaciones de hidrocarburos no convencionales más grandes del mundo, ubicada en la Norpatagonia Argentina. Tiene una superficie de más de 30 mil kilómetros cuadrados, de donde se extrae gas y petróleo de esquisto, mediante la técnica de Fracking. “Esta explotación presenta como principal impacto el incumplimiento de las leyes que protegen los derechos indígenas”, indicó Nawel.
Seguido denunció que en ese territorio existe una constante emanación de “mecheros” o “antorchas” que ventean “dı́a y noche”, una actividad “prácticamente prohibida en muchos países”. Se le suma a esta situación las llamadas “emisiones fugitivas” que se dan en los pozos de extracción y en el transporte del gas, compuestas en su mayor parte por metano, con un alto potencial de calentamiento global.
Todas estas emanaciones no están siendo cuantificadas, ni por las empresas ni por las autoridades estatales. Tampoco existe una tecnología que permita un control efectivo de los venteos y fugas.
Puesto que todo lo enumerado incumple la legislación vigente
En la exposición que llevó la CMN y el ODHPI ante la Corte Interamericana le solicitó herramientas de control y de denuncia para la ciudadanía y los pueblos indígenas, que permitan supervisar el real cumplimiento de las metas de descarbonización y la debida diligencia y responsabilidad empresarial.
Respecto de los Estados, pidió que se ordene en forma indispensable “la actualización y armonización de sus normas operativas en materia ambiental al nuevo paradigma de emergencia climática”.
Sobre los procesos judiciales en materia penal ambiental, observó que “la carga de la prueba” no tiene en cuenta la posición de vulnerabilidad de los denunciantes ni la falta de tecnología necesaria, lo que conlleva como consecuencia última la “falta de aplicación de las leyes penales sobre los contaminadores”. Asimismo, planteó la “ilógica exigencia del daño ambiental para que el Poder Judicial pueda intervenir, abandonando así el principio precautorio y el principio de no regresividad”.
Conocimiento y reconocimiento
El último de los requerimientos elevados frente al Tribunal internacional exigió para los pueblos originarios de América el lugar que le corresponde en la confección y puesta en marcha de las políticas dirigidas a la preservación del medio ambiente, así como la mitigación del daño constante que la lógica capitalista y extractivista derrama sobre los territorios y sus habitantes. El argumento se ancló en el conocimiento.
“Todo lo que hemos expresado desde la época colonial fue desoído de manera continua. El mensaje fue siempre claro y permanece: todo lo que le hagamos a la tierra, nos lo estamos haciendo a nosotros mismos”, sostuvo Nawel. En el mismo sentido, advirtió que las sociedades que hasta el momento no escucharon estas advertencias ahora también las han descubierto, puesto que comprendieron que “toda esa contaminación y abuso sobre la naturaleza nos ha llevado al borde del colapso”.
Hecho el repaso por la historia, el abogado realizó una aclaración: “estamos de acuerdo con la mitigación frente al cambio climático y también con la transición energética, pero exigimos la participación que nos corresponde, no sólo en los proyectos una vez que llegan al borde de nuestras comunidades, sino en la planificación general de las directrices que ordenan las estrategias de cambio climático de los países”.
“Si la transición energética sólo plantea proteger la ganancia empresarial a costa del sacrificio de nuestros territorios, será sólo una transición empresarial que aplastará los derechos humanos de nuestros pueblos”, reflexionó. La exposición ante la CIDH concluyó a la espera de que, de estas Audiencias Públicas resulte “un instrumento que ayude a disminuir la brecha entre los derechos reconocidos y la realidad que viven nuestros pueblos”.