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Vaca Muerta

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Basureros con residuos tóxicos, incendios, accidentes petroleros y sismos configuran un peligro para la salud de la población. Desde el Estado continúa la apuesta por el desarrollo hidrocarburífero más grande del país, a pesar de las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias.

Por Mariángeles Guerrero


¿Es posible un modelo de “soberanía energética” sin respetar derechos? En 2013, el acuerdo YPF-Chevron comenzaba a consolidar el megaproyecto Vaca Muerta en la patagonia argentina y era presentado discursivamente como un “milagro” que potenciaría la soberanía en términos de energía. Siete años después, un nuevo anuncio del Plan Gas muestra que -pese al repudio del extractivismo en términos socioambientales-, para los distintos gobiernos Vaca Muerta sigue siendo una apuesta ligada a un concepto de desarrollo que soslaya el cuidado de la vida y la salud.

ABC y discurso oficial
Los reservorios llamados “shale” son aquellos en las que el petróleo o el gas está atrapado en las rocas en forma de gotas microscópicas. Estas rocas no son lo suficientemente permeables y, para realizar la extracción, hay que recurrir al fracking o fractura hidráulica. Esta tecnología consiste en la inyección a alta presión de agua, arena y productos químicos en el suelo -a una profundidad que oscila entre 2500 y 4000 metros-, con el fin de incrementar la permeabilidad y mejorar la extracción. También incluye perforaciones horizontales.
Vaca Muerta es la formación de “shale” más grande del país. Abarca una superficie de 30 mil kilómetros cuadrados que se extiende por cuatro provincias: Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. En ese territorio viven 21 comunidades mapuches.
“Vamos a volver a poner de pie a un país que había quedado muy lastimado», dijo Alberto Fernández a mediados de octubre, durante el anuncio del Plan Gas en Loma Campana (Neuquén). «Vaca Muerta es la oportunidad de convertirse en exportador neto de energía», prometió Miguel Galuccio en junio, en sintonía con el discurso que mantuvo en 2013, cuando era el CEO de YPF y Vaca Muerta se presentaba como el as de la política económica y energética. Prometía una política con “impacto ambiental cero”.
Sin embargo, también por esos años, comunidades originarias, activistas, ambientalistas, personas vinculadas a la vida académica y a la investigación comenzaron a visibilizar las consecuencias del fracking. Esa técnica que se conoce desde los años 50, pero que en Argentina se utiliza de forma intensiva y comercial a partir de 2014, en la formación de Vaca Muerta como su enclave más importante.

Formas de vida diferentes
“El conocimiento mapuche tiene una forma de vida muy relacionada con el lugar, en el cual no nos ubicamos como el centro de la existencia sino agradeciendo y con un gran respeto por el equilibrio de la naturaleza y por cada una de las vidas que existen”, relata Lefxaru Nahuel de la Confederación Mapuche de Neuquén.
“La industria petrolera y particularmente el fracking es todo lo contrario a esa forma de vida. Dinamita el subsuelo, destruye las napas de agua, elimina las plantas y los animales que hay en el lugar y contamina de una manera feroz. No solo que destruye el lugar sino que destruye cualquier posibilidad de futuro”, denuncia.
El uso del agua, la sismicidad inducida, los basureros con residuos altamente tóxicos y las emisiones de carbono conforman una agenda propia y variada de amenaza y defensa de los recursos naturales y de las poblaciones que habitan esos territorios. Los incendios, los derrames y las explosiones también encienden la alarma sobre esta forma de extractivismo.

Crédito: Juan Thomes

Agua y sismos
Según el informe “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”, elaborado en 2017 por Martín Álvarez Mullally, Lisandro Arelovich, Fernando Cabrera y Diego di Risio, la extracción del gas y petróleo no convencional utiliza mayores volúmenes de agua que el convencional: puede emplear de 9 a 29 millones de litros por cada pozo. Desde el Estado y las empresas relativizan esa cifra, aduciendo que es un porción ínfima de la demanda provincial de agua. Al dato del volumen se suma un interrogante: ¿cuál es el tratamiento que recibe el agua una vez utilizada, la llamada “agua de retorno”?
“Entre el 20 y el 80 por ciento de ese agua puede volver a la superficie”, indica Fernando Cabrera, integrante del Observatorio Petrolero Sur (Opsur) y uno de los autores del informe. “Ese líquido vuelve con elementos propios de la tierra que desconocemos”, agrega. Es decir: hidrocarburos, metales pesados e incluso posibles sustancias radiactivas contenidas en el subsuelo.
La inyección de un caudal importante de agua a alta presión, la extracción de ese líquido y la disposición final en sumideros subterráneos significa un problema en términos de residuos y también a nivel del subsuelo. Estos mecanismos impactan ocasionando sismos en zonas no sísmicas, como en el pueblo neuquino de Sauzal Bonito. “Una de las cosas que hacen prever que los sismos están relacionados con la intervención humana es que su epicentro ocurre a 3000 o 4000 metros de profundidad, cuando los sismos tienen un epicentro mucho más profundo”, explica Cabrera. Desde el gobierno provincial prometieron 20 sismógrafos para medir el impacto de la industria hidrocarburífera, pero hasta ahora solo llegaron dos.

Basureros petroleros
Otro de los problemas son los basureros donde se disponen los desechos que genera la explotación. A fines de 2018, Greenpeace descubrió que la compañía Treater S.A., proveedora de empresas petroleras internacionales, estaba desechando residuos industriales tóxicos provenientes del fracking en piletones de un tamaño equivalente a 15 canchas de fútbol. “En Vaca Muerta hay más de mil pozos y cada uno genera entre 600 y 850 metros cúbicos de residuos que circulan hasta las plantas tratadoras, atravesando ciudades, comunidades, zonas productivas y cuerpos de agua”, advierten desde Greenpeace. “Estos desperdicios se descartan directamente sobre el suelo y sin tomar medidas de seguridad, como si fueran verdaderas cloacas petroleras”, aseguran.
Greenpeace aportó un muestreo de los residuos de los basureros tóxicos donde se encontraron metales pesados como plomo y bario con alto impacto en el ambiente y en la salud. En los lodos que conforman los residuos de la perforación también se hallaron metales pesados y elementos radioactivos como radón o uranio de origen natural.
“Estas sustancias tóxicas se liberan al aire o al agua y, además de los efectos sobre la salud causados por el impacto de las emisiones en el aire y el agua, tienen efectos sobre el ambiente. Más del 40 por ciento de las sustancias causan impactos que dañan a la vida acuática y a la fauna”, afirman desde la organización ambiental.
“El fracking extrae petróleo y gas de una manera mucho más difusa y complicada. Ese rompimiento de la piedra libera el gas y el petróleo y también el agua contaminada que se utiliza para la ruptura, donde se usan distintos químicos. Es por eso que es tan contaminante la extracción petrolífera y de gas en Vaca Muerta”, argumenta Leonel Mingo, de Greenpeace, en diálogo con el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Mingo indica que actualmente se encuentran a la espera de un fallo judicial en relación a las denuncias presentadas por los basureros tóxicos de Vaca Muerta.
El referente de la ONG también aludió además a la emisión de gases de efecto invernadero. En este sentido, sostuvo que “la principal emisión de gases del efecto invernadero proviene de los combustibles fósiles: gas, carbón, petróleo”. Estima que Vaca Muerta generará 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono durante toda su vida útil. En ese marco, recordó los compromisos internacionales de Argentina en disminuir las emisiones, tal como lo establece el Acuerdo de París. “Es imposible que pueda reducir los gases de efecto invernadero mientras se siga apostando a la generación de energía a través de los combustibles fósiles”, afirmó Mingo.

Derrames
Otra arista del problema tiene que ver con los accidentes y derrames ocurridos en Vaca Muerta y donde, como en las otras situaciones, el Estado provincial y las empresas desdibujan las consecuencias y las responsabilidades.
En Loma Campana, epicentro del megaproyecto operado por YPF-Chevron, el 2 de septiembre de 2014 se produjo un derrame petrolero durante 16 horas. Cerca de allí se encuentra la comunidad mapuche Campo Maripe.
“La gran presencia de comunidades en esas zonas se debe a la Campaña del Desierto, en la cual fuimos desplazados de los lugares que eran fértiles porque eran pretendidos por el valor exportador. Ahora vivimos en estos lugares donde hemos sobrevivido con la pequeña ganadería caprina y las huertas y son pretendidos por las petroleras”, explicó Lefxaru Nahuel.
Los “accidentes” se repiten año a año. En 2015 en la localidad de Allen explotó el pozo EFO 280, operado por Yacimientos Petrolíferos del Sur (YSUR, una subsidiaria de YPF).
En 2016 se conoció lo que YPF informó como un “derrame menor” en la localidad de Fernández Oro, zona de producción de manzanas y peras rionegrinas. El Departamento Provincial de Agua de Río Negro constató “la pérdida de 240.000 litros de agua de inyección con alto grado de salinidad, con presencia de hidrocarburos y con valores altamente tóxicos para los cultivos y las napas”, según refiere Fernando Cabrera en su artículo “Vaca Muerta, entre el desastre socioambiental y los argumentos ecologistas”.
En octubre de 2018, en Bandurria Sur, donde operan YPF y la estadounidense Schlumberger, un derrame de petróleo duró 36 horas. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace cuantificaron 77 hectáreas afectadas, mientras que la Subsecretaría de Ambiente de Neuquén aseguró que fueron 45. La misma dependencia oficial indicó que, entre 2015 y 2018, ocurrieron 3368 “incidentes ambientales” por la explotación petrolera en Vaca Muerta. En septiembre de 2019 se incendió el pozo LLL X-2 de YPF en Loma La Lata, en Neuquén, a escasos metros del lago Los Barreales. Fueron necesarios 24 días de trabajo para apagar el fuego y frenar los derrames.

Falta de control y daños irreparables
“En la meseta de Neuquén hay familias que no acceden al gas, pero a la noche se ven los venteos de gas de las empresas que están extrayendo a pocos kilómetros. El objetivo de Vaca Muerta no es proveer ni abastecer de una mejor calidad de vida a la gente que vive acá sino continuar el saqueo, el empobrecimiento y la contaminación”, define Lefxaru Nahuel.
Impactos en el agua, el aire y la tierra. Afectación de la salud, el territorio y la vida. El desarrollo del proyecto energético de Vaca Muerta se basa en la vulneración de derechos de las y los pobladores. “Sin embargo, ninguna investigación judicial ha prosperado porque hay un blindaje mediático y político hacia las empresas”, señalan desde la Confederación Mapuche. “La falta de control ambiental es una de las garantías que les da el gobierno provincial en detrimento de los derechos del Pueblo Mapuche. Que no hayan avanzado las causas judiciales es una muestra de eso”, dice Lefxaru Nahuel. Y, una vez más, advierte: “Ojalá haya justicia porque las consecuencias y los daños son irreparables”.

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El avance petrolero en Neuquén no respeta las leyes vigentes referidas a pueblos originarios. Amnistía Internacional señala la contradicción entre derechos humanos y extractivismo. La contaminación producto del fracking, el rol de YPF y el futuro Mapuche.

Por Pablo Quintana, para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi)


Todo cambió desde que se organizó la cuarentena a raíz de la pandemia. Inclusive en aquellos territorios en conflicto como el de Vaca Muerta, esa formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil), que desde que se conjuró con la firma del acuerdo entre YPF- Chevron, en 2013, se transformó en la pesadilla de los pueblos originarios de la región.

Por un lado, la actividad extractiva se detuvo y con ello los movimientos sísmicos que se registran en la región dejaron de suceder. Pero la llegada del virus también paralizó las conversaciones que comunidad mapuches habían logrado instrumentar para exigir por sus derechos.

“La llegada de la pandemia frenó el diálogo que habíamos conseguido con la implementación de una mesa política a principio de año en la que íbamos a tratar diferentes temas en agenda”, dice Gilberto Wijipan, werken de la Confederación Mapuche Neuquina Zonal Xawvnko.

La Confederación exige a YPF diversos trabajos inconclusos que habían quedado en los diferentes territorios comunitarios como Campo Maripe, Futa Trayen, Lof Wirkaleu en Sauzal Bonito y Nehuen Curá en Rincón de los Sauces, entre otras comunidades.

El primer encuentro se materializó en febrero pasado en un salón de reuniones que concedió la Fiscalía Federal en Neuquén con la anuencia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. Allí comenzó a plasmarse la necesidad de contar con un protocolo para que se aplique la consulta a las comunidades, previa información de lo que se piensa desarrollar y los impactos que habrá, no sólo al ambiente sino a la cultura y a la salud.

“La presidenta del INAI así lo entendió -señala Wijipan-, por lo que nos pusimos a trabajar con la participación de YPF, sólo como escucha y sin toma de decisiones. Porque las decisiones son nuestras y del Estado argentino”.

Pese a la quietud, Lorena Maripe, como werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe, habla de la alerta permanente a la que están sometidos. “Si bien la crisis sanitaria frenó la actividad, vemos en los anuncios de los medios que la petrolera estatal YPF quiere volver a embestir ingresando los equipos petroleros. Así que estamos en alerta y haciendo recorridas dentro del territorio para evitar que se instale. Sabemos que la conducta de la petrolera es negar nuestros derechos, de que vivimos y existimos en el territorio”, dice desde Fortín Vanguardia, a unos 15 kilómetros de la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Crédito: Juan Thomes

Fracking y sismos
Desde que comenzaron las primeras perforaciones, 2013, nada volvió a ser como antes en la comunidad mapuche. No sólo se registraron impactos en el ambiente sino también en la vida social comunitaria. “El avance de las petroleras trajo consigo mucho movimiento negativo para nuestras vidas y nuestro desarrollo comunitario. El impacto ambiental es fuerte. Hay montes contaminados, donde el pasto ya no crece de la misma forma, el aire cambió. El agua no es buena para el consumo; las cabras, las ovejas, los caballos y las vacas la toman, pero no sabemos qué efectos les está produciendo”, esgrime la werken.

Explica que en las noches patagónicas el cielo estrellado se apagó. La alta meseta se transformó en una ciudad por la cantidad de torres iluminadas artificialmente. Esas mismas noches serenas y tranquilas dejaron de ser tales, sólo se escucha el gemir de los generadores y motores de las torres de explotación.

Desde hace un tiempo que el gobierno de Neuquén instaló dos sismógrafos para medir la intensidad de los temblores. Uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo. “Cuando arrancó el tema de la pandemia en marzo se paró todo, los sismos que eran constantes cesaron. Algunos eran perceptibles y otros no”, afirma Lorena Maripe.

Cuando la petrolera angloholandesa Shell retomó los trabajos en junio volvió la actividad sísmica. Shell había firmado, en plena pandemia, un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas para el área llamada Bajada de Añelo, en Vaca Muerta. Estos últimos sismos fueron percibidos incluso en la zona urbana de Añelo.

Crédito: Martín Álvarez

Vaca Muerta y violación de derechos
El virus no sólo trajo aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su contagio, sino que en algunos escenarios profundizó la situación de vulnerabilidad y afectó los derechos de las comunidades indígenas. Así se desprende del estudio realizado por Amnistía Internacional (https://territorioindigena.com.ar/Casos) que relevó más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas.

“La política indígena es una agenda invisibilizada, no prioritaria, no hay política seria indígena que haya asumido ningún Gobierno hasta el día de hoy. Y no sólo traducido en políticas territoriales de propiedad comunitaria. Argentina tiene la gran trayectoria y liderazgo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos pero puertas afuera es un discurso y hacia adentro es otro. El indígena está afuera de esa cartera. Y la verdad que el Covid vino a demostrar justamente lo mismo, que no hay una política de abordaje. Reconocemos el trabajo comprometido de (Magdalena) Odarda, pero sin capacidad de gestión y sin articulación con las provincias es difícil”, sentencia la abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

De ese informe se desprende que en comunidades ubicadas en Chubut, Neuquén y San Juan el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue posible concretarlo por las distancias y la falta de acceso a la información, pese a lo dispuesto por el INAI (que reclamó realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación de ese beneficio).

“Vaca Muerta es el ejemplo más paradigmático de vulneración de derechos indígenas incumpliendo todos los que están vigentes y que se exigen en la Argentina. O sea, derecho territorial, cogestión de los bienes naturales, derecho a la consulta, lo que yo le llamo la tríada maldita porque son los que más recurrentemente vulneran los Estados con respecto a comunidades indígenas”, es el veredicto que señala la abogada Silvina Ramírez.

“Es cierto que después de la noche del macrismo, el Gobierno puede aparecer como más sensibles a determinados reclamos. Pero el panorama sigue siendo oscuro porque más allá de las buenas y malas intenciones, hay una estructura del Estado y un sistema económico que sigue vulnerando el derecho indígena. El actual modelo económico y su matriz energética son incompatible con esos derechos. Siempre el costo se paga con la vulneración de los derechos indígenas”, sustenta.

Integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Ramírez remarca que es muy difícil avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas si se sigue apostando a este modelo extractivista, sea el Gobierno que sea. “Sí, podés tener algunas diferencias que uno podría remarcar como no menores, pero al final se van produciendo los despojos. Aunque no azucen a las fuerzas de seguridad en contra de las comunidades como pasó en el 2017 con los casos de Santiago (Maldonado) y Rafael (Nahuel)”, ejemplifica.

Ramírez recuerda que antes de la pandemia hubo una suerte de mensaje por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instando a generar mesas de diálogo. Menciona como ejemplo las gestiones que se realizan en torno al Lof Buenuleo en Río Negro o con el Pu Lof Pailako Futalaufken Mew en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Aunque reconoce que son procesos complicados, donde muchas veces el estado nacional y las provincias tienen juegos complejos en el que no articulan. “Ahora podemos pensar que las fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura no saldrán a reprimir como lo hicieron durante el gobierno macrista, pero también es cierto que no hay una solución ni respuesta claramente satisfactoria a los pueblos originarios, fundamentalmente en conflictos territoriales”, señala.

Al momento de escribir esta crónica se produjo la irrupción en territorio mapuche por parte de efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue, en la región de San Carlos de Bariloche, con una fuerte campaña de los medios de comunicación demonizando a la comunidad indígena.

El futuro llegó
En Vaca Muerta también hay una magnificación sobre los supuestos beneficios. “Hay muchos espejitos de colores, por los costos que implicaría la extracción de esos bienes naturales, sin mencionar la caída de los precios de los commodities, que lo hace inviable económicamente”, reseña Ramírez, autora del libro “Horizonte político del movimiento indígena”.

La contaminación ya está en curso, entonces ¿cómo aplicar el derecho a la consulta previa (pilar del derecho indígena)? Para Ramírez existe un juego sucio por parte del Estado: “Se busca la consulta para legitimarse. Es decir ‘cumplimos con la normativa vigente’, pero ¿se consulta después de cuántos años? Cuando el territorio ya está contaminado. Uno de los ingredientes del artículo que regula la consulta y el consentimiento es que sea previa, libre e informada. Eso no se cumple”.

García Rey, de Amnistía Internacional, pronostica que “si el horizonte, como avizoramos, tiene que ver con este modelo de profundización de las actividades extractivas sin respetar los derechos vigentes, las tensiones van a recrudecer”. Y precisó el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con las comunidades indígenas: “Están pensadas desde este modelo económico, desde una idiosincrasia que tiene mucho de discriminación y xenofobia profunda”.

Para explicarse puso como ejemplo el caso de la localidad de Fontana (Chaco), sucedido en junio pasado, donde un grupo de policías atacó con inusitada violencia a una familia qom y tras la brutal agresión continuó con torturas en la comisaría a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad.

Crédito: Martín Álvarez

Leyes para incumplir
Tierra y territorio es la única forma de garantizar otros derechos para los pueblos originarios. Pero la Ley 26.160, que fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras de las comunidades indígenas, nunca se cumplió.

“La ley de relevamiento territorial parecía un horizonte que allanaba el camino y terminó siendo una cuestión interminable, muy manoseada”, indica García Rey.

¿Cómo se explica que una ley de emergencia que fue pensada en el 2006 para ser ejecutada en cuatro años lleva 14 años y con final incierto? “Sólo se explica por falta de voluntad política y desidia. El tema indígena no está en la agenda pública y sólo tiene cabida cuando pasa algo tremendo, como cuando fue la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel”, sintetiza Ramírez.

La abogada sostiene que la ley quedó tan mancillada que si los casos se judicializan hoy la Ley 26.160 no necesariamente es vinculante, ni siquiera inicia el trámite en sede administrativa de titulación colectiva. “Frena los desalojos, pero no va a resolver el tema territorial en Argentina. Pero es cierto que sin esa ley podríamos estar peor”, admite.

Para la integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) es imprescindible una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para resolver el tema de los territorios y sobre todo para solucionar la titulación colectiva, que “es darles seguridad jurídica a las comunidades, sino están como hojas al viento, no se sabe cuándo los vienen a desalojar”.

Se deberían alinear todos los planetas partidarios para que eso suceda. Hay cuatro proyectos que pierden estado parlamentario en diciembre y que hasta entonces no serán tratados. “Es imprescindible porque más allá del inciso constitucional que reconoce la propiedad comunitaria indígena y la Ley de Emergencia que perdió potencia y legitimidad después de 14 años, no hay otra cosa”, expone.

Futuro Mapuche
El virus frenó todo. Menos la resistencia mapuche. “No vamos a abandonar esa agenda, vamos a seguir por los títulos comunitarios, vamos a seguir exigiendo que las provincias no tienen por qué reconocer a las comunidades mapuches, no tienen por qué inventar un ‘mapuchómetro’ para decir si nos reconocen o no legalmente. Nosotros somos preexistentes. Que hayan querido invisibilizarnos es otro tema”, dice Wijipan.

El Pueblo Mapuche vuelve a reivindicarse para exigir y sostener sus derechos. Como Lorena Maripe y la longko Mabel Maripe, que estuvieron contagiadas del Covid y se recuperaron. “No llegamos a necesitar un respirador, pero los dolores fueron intensos”, describe Lorena. Recobraron fuerzas, como lo hicieron tras las diversas tentativas de desalojo, para decir presente en el territorio mapuche.

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