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Cámara de Casación penal sobresee a integrantes de la comunidad mapuche Lof Paillako por el delito de usurpación

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La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió el sobreseimiento por el delito de usurpación a Cruz Cárdenas, integrante de la comunidad mapuche Lof Paillako, revirtiendo parcialmente una condena previa dictada por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La resolución judicial se fundamentó en que el caso constituye un conflicto territorial que María Belén Salinas tendría derecho a reclamar, lo que impide encuadrar la ocupación de tierras bajo la figura penal de usurpación. 

Aunque el tribunal de alzada mantuvo las condenas secundarias por daños y lesiones contra su compañera María Belén Salinas y el propio Cárdenas, el fallo representa una victoria legal clave frente a la criminalización de las demandas territoriales de los pueblos originarios en la Patagonia.

La decisión de la Cámara de Casación se produce tras un controvertido proceso judicial y político marcado por el desalojo de la comunidad del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, mediante un masivo operativo de fuerzas federales. La defensa de los imputados denunció que el juicio de primera instancia estuvo caracterizado por la arbitrariedad, la desestimación sistemática de pruebas de descargo y un sesgo discriminatorio por parte de la fiscalía y la querella de Parques Nacionales. Asimismo, se cuestionó la campaña de estigmatización pública que durante años pretendió vincular a los miembros de la comunidad con graves incendios forestales en la región patagónica.

Este pronunciamiento judicial representa un nuevo logro para la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina (gremialdeabogados), organización que asumió la defensa técnica de los comuneros y que recientemente obtuvo un fallo similar para la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu. Desde la Gremial destacaron que la resolución consolida un precedente doctrinario fundamental para la defensa de los derechos indígenas, al tiempo que señalaron las irregularidades de los funcionarios involucrados en la causa, quienes posteriormente resultaron destituidos de sus cargos en la administración de Parques Nacionales.