Audiencia de la CIDH: Pueblo Mapuche en emergencia territorial por extractivismo en Argentina

En la audiencia del día 22 de julio de la CIDH comisiones civiles expusieron situaciones de vulneración frente a los comisionados relatores.

Representantes del Pueblo Mapuche de Mendoza, Neuquén y Río Negro expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación de sus comunidades, enmarcada en un «patrón sistemático de violaciones» por parte del Estado argentino, directamente relacionado con el avance de la industria extractivista.

Lo expuesto ante la CIDH:

Emergencia territorial: Los proyectos de «fracking» en Vaca Muerta, la minería de cobre, oro, litio y la especulación inmobiliaria son la causa de desalojos, hostigamientos y persecución a las comunidades.
Desmantelamiento de protecciones legales: Se denunció la derogación de la Ley de Emergencia Territorial (N° 26.160) a través de un DNU en diciembre de 2024, dejando a las comunidades sin la única normativa nacional que suspendía los desalojos. También se mencionó el retroceso del INAI, que ha dejado sin efecto el relevamiento territorial y reconocimiento de varias comunidades.
Desalojos y violencia: Se detallaron casos de desalojos forzosos en Río Negro (Lof Buenuleo, Lof Winkul Lafquen Mapu, Lof Quemquemtrew, Lof Gallardo Calfu) y la amenaza de desalojo activa en Mendoza (Lof El Sosneado). En este contexto, se recordó el asesinato de Rafael Nahuel y Elías Cayicol Garay, así como la represión reciente del 20 de julio en Neuquén a comunidades que reclamaban el reconocimiento de su personería jurídica, que fueron violentamente reprimidas con el resultado de varias mujeres y niños golpeados y varias personas detenidas.
Violación de derechos: Se destacó la falta de reconocimiento de la personería jurídica, las demoras de hasta 20 años en los trámites y la suspensión de inscripciones por parte del Gobierno Nacional y las provincias. Se criticó la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado para los proyectos extractivistas, así como la denegación de la identidad del Pueblo Mapuche a través de resoluciones provinciales, como en Mendoza.
Persecución y criminalización: El extractivismo se apoya en un discurso racista y discriminatorio, acompañado de la persecución política y el uso del derecho penal simbólico contra líderes y defensores ambientales.

Las organizaciones mapuches solicitaron a la Comisión emitir un comunicado de prensa y un llamado urgente al Estado argentino para que:

Evite los desalojos forzosos y suspenda los procesos en curso.
Restablezca las protecciones de la Ley 26.160.
Agilice el relevamiento territorial y el reconocimiento de la personería jurídica.
Deje de tomar medidas regresivas, como la revocación de los relevamientos territoriales ya realizados.

En base a lo expuesto los comisionados relatores hicieron devoluciones:

Jan Yarab, el representante de la oficina del Alto comisionado para la Comisión de los Derechos Humanos para América de Naciones Unidas para América del Sur, enfatizó que el tema de esta audiencia representa una de sus prioridades en la región, ya que observan como las actividades extractivas, muchas veces realizadas bajo la figura de utilidad pública, afectan gravemente a los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas poniendo en riesgo su supervivencia física y cultural. Identificó cinco ejes de acción para abordar la situación de los pueblos indígenas frente al extractivismo: promover la titularidad de tierras, respetar la consulta y el consentimiento, proteger a los defensores de DDHH y del ambiente, garantizar un medio ambiente sano, y aplicar los principios de responsabilidad empresarial.

Arif Bulkan, relator sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su solidaridad con el Pueblo Mapuche, señalando que la situación actual es una continuación de los efectos de la colonización. Enfatizó que el «beneficio público» no debe lograrse a expensas de los pueblos indígenas y reafirmó la obligación de los Estados de proteger sus derechos territoriales, que, según la jurisprudencia interamericana, son la base de su cultura y economía. El comisionado recordó que el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra debe ser reconocido, delimitado y titulado, y que para proyectos a gran escala, los Estados no solo deben consultar, sino obtener el consentimiento libre, previo e informado. Finalmente, se comprometió a revisar las solicitudes de un comunicado de prensa y medidas cautelares para apoyar a las comunidades.

Para ver la audiencia completa: link