La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió de manera unánime absolver a seis integrantes de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu 
Las autoridades espirituales y miembros de la comunidad imputadas habían sido condenadas en primera instancia por el Tribunal Oral Federal de General Roca bajo cargos de usurpación en predios de Villa Mascardi. Este caso se ha convertido en uno de los más emblemáticos de la región, marcado por años de persecución penal, desalojos y una intensa militarización del territorio en disputa.

Las defensas técnicas lograron revertir el fallo inicial tras argumentar que el juicio de origen ignoró deliberadamente el derecho indígena consagrado en la Constitución Nacional de Argentina, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los abogados demostraron que las acciones de la comunidad no constituyeron un despojo civil, sino el ejercicio legítimo de un derecho histórico de recuperación territorial y resguardo de sus espacios sagrados y ceremoniales (rewe). Asimismo, se denunciaron graves episodios de violencia institucional durante los operativos de desalojo, los cuales provocaron detenciones arbitrarias y situaciones traumáticas que afectaron de forma directa a mujeres, niñas y niños de la comunidad.

Aunque esta histórica resolución penal no resuelve de forma definitiva el fondo del conflicto territorial subyacente, abre un análisis profundo sobre el alcance de las obligaciones internacionales del Estado respecto a los pueblos originarios. La decisión judicial pone de manifiesto la necesidad de abordar las reivindicaciones de tierras ancestrales desde el marco del reconocimiento constitucional y los derechos humanos, cuestionando la validez de canalizar los reclamos sociales y culturales de las comunidades indígenas exclusivamente a través de la criminalización de la protesta y el uso de las fuerzas de seguridad.