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Denuncia penal por violento desalojo a comunidades mapuche

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La Confederación Mapuche de Neuquén y organizaciones de derechos humanos presentaron una denuncia penal, ante el Ministerio Público Fiscal, en la Ciudad Judicial, en relación con el violento desalojo de comunidades mapuche ocurrido el 20 de julio.

En la conferencia de prensa previa a la presentación de la denuncia, expusieron el caso Lefxaru Nawel, autoridades de las comunidades, compañeras/os de ADUNC, APDH, CEPRODH.

La denuncia busca que se investigue la probable comisión de delitos de acción pública, incluyendo abuso de autoridad, vejaciones, apremios, lesiones leves y graves, y amenazas agravadas por el uso de armas. Se presentaron pruebas como videos y fotografías de la represión policial y las detenciones.

El desalojo, que tuvo lugar el domingo 20 de julio, ocurrió mientras las comunidades Lof Kelv Kurá, Lof Fvta Xayen, Lof Newen Kurá y Lof Ragilew Cárdenas realizaban una «permanencia» pacífica frente a la Casa de Gobierno en Neuquén. Las comunidades buscaban el registro de sus personerías jurídicas, un reclamo que se basa en la Constitución provincial y nacional, el Convenio 169 de la OIT y un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2013.

A pesar de que las comunidades habían acordado una mediación con el Obispo de Neuquén para el 21 de julio, el desalojo se llevó a cabo el día anterior, el 20 de julio, mediante una orden firmada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal de caso Diego Azcarate. La denuncia señala que la orden de desalojo fue ilegal y que la ejecución fue excesiva, irracional, innecesaria y desproporcionada.

Durante el operativo, que comenzó a las 11:35 a.m., no hubo reparo en que en el lugar había adultos mayores, mujeres, adolescentes y niños, quienes resultaron heridos, y hasta un menor hospitalizado, se detuvo a 18 personas incluyendo a un adolescente de 14 años. Se reportaron actos de violencia como el uso de escudos contra personas mayores, golpes, insultos, amenazas y el uso de gases lacrimógenos. También se denuncia que el personal de bomberos, en lugar de apagar el fuego, golpeó y amenazó a la gente con matafuegos. Hubo una docena de niños y niñas presentes, que fueron testigos directos de la represión.