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Los gobiernos subsidian con montos millonarios a las compañías petroleras. Techint como la gran ganadora y la necesidad de tasar los pasivos ambientales.

Por Lea Ross


El gobierno nacional acaba de anunciar que elimina el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ayuda básica que recibieron las familias de escasos ingresos por la pandemia. Al mismo tiempo, el presupuesto señala que las empresas petroleras recibirán 164.000 millones de pesos en subsidios durante 2021. En el otro extremo, para las energías renovables el Gobierno invertirá sólo el 1,4 por ciento de lo que destinará a la industria hidrocarburífera.

Subsidios para petroleras
El 15 de octubre funcionarios nacionales y neuquinos realizaron un anuncio desde Loma Campana, el área más conocida de Vaca Muerta. Se trató del lanzamiento del “Plan Gas 2020-2023”, para incentivar la producción e inversión de gas, en reemplazo de sus importaciones.
“Es el fruto de un proceso de articulación entre el sector público y privado”, señaló con micrófono a mano el ministro de Economía, Martín Guzmán. El gobernador, Omar Gutiérrez, sumó: “¡Acá no hay gasto público, acá hay inversión pública!”. Se refería a los subsidios que se entregarán con este plan. El presidente Alberto Fernández señaló que se trataba de “un día de alegría, porque ponemos otra vez en marcha la economía de la producción hidrocarburífera”.

Cuando hablamos de “subsidios”, nos referimos a la entrega de fondos públicos que actúan como incentivo para una determinada actividad. En materia energética, puede haber un propósito “social”, que consiste en desinflar las tarifas de luz y gas para que los servicios sean accesibles; pero también de índole “económico”, como incentivo para que las empresas tengan interés para trabajar en la producción, generación, transporte y suministro de gas y electricidad.
Entre esas distintas etapas de cadenas de valor, la actividad primaria de producción, encargada de extraer gas y petróleo, son ejercidas por multinacionales.
Ante su inminente aprobación en el Congreso Nacional, el proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2021, entregado por el Poder Ejecutivo, establece entre sus objetivos la profundización de “medidas orientadas al desarrollo y aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos que tiene el país (…). En especial, se buscará generar las condiciones adecuadas para reponer la producción luego de la crisis ocasionada por el Covid-19”.
También se buscará “fomentar el desarrollo de yacimientos convencionales y no convencionales, así como la exploración costa afuera de hidrocarburos. Las obras de infraestructura acompañarán esta proyección”.
Entre los subsidios económicos para cumplir con esos objetivos, se destaca el programa denominado “Formulación y ejecución de política de hidrocarburos”, cuyo objeto es la de incentivar la exploración y explotación de gas y petróleo crudo, entre otros. El importe para éste programa es de 117.000 millones de pesos. Según las planillas presentadas por el gobierno nacional, la mayor parte de ese monto, unos 92.000 millones, se computarán para las llamadas “transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes”. Una manera sutil de decir que las petroleras lo puedan gastar para cualquier cosa.
Otro subsidio es el subprograma llamado “subsidios a la oferta de gas natural”, con el fin de estimular su producción y facilitar la exploración y explotación de susodicho recurso. La misma está conformada por dos ítems. El primero es el “Plan Gas” recientemente anunciado por Fernández, con un monto de 20.000 millones de pesos. Pero también aparece el cumplimento de las exigencias firmadas durante el gobierno de Mauricio Macri, la Resolución 46/2017, cuya función es impulsar la extracción de gas no convencional, es decir, aquella que se extrae mediante el cuestionado fracking, y que se mantiene intacto aún con el cambio de Gobierno. En éste caso, se propone un desembolso de 58.000 millones de pesos.
En ambos casos, se esperan una transferencia para el año próximo de 78.000 millones de pesos, donde 71.000 millones son para las petroleras, y los 7000 millones restantes para las instituciones provinciales y municipales.
Si se suman los 92.000 millones con los 71.000 millones que se esperan ser destinados para las principales empresas extractivas de petróleo y gas, el monto total de fondos asciende a 164.000, equivalente a la entrega del IFE durante dos meses para todas las familias argentinas.
Comparado con lo que se invertirá en materia de políticas que impulsen el aprovechamiento de energías renovables, se presupuestaron para 2012 unos 2127 millones para el “Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales” y 136 millones para el programa “Acciones para el uso racional y eficiente de la energía”. Eso es un total de 2263 millones, que equivalen a tan solo el 1,38 por ciento de los fondos que recibirán las petroleras.

Política de Estado
Según un informe del 2017, denominado “Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales”, realizado por el Taller Ecologista Rosario y el Observatorio Petrolero Sur, durante los tres gobiernos kirchneristas hubo un aumento paulatino en la apuesta de los subsidios energéticos (tanto sociales como económicos, y para todas las cadenas de valor). Así, entre los años 2004 y 2012 se pasó de un 1,8 por ciento hasta casi un ocho por ciento, en comparación con todo el gasto público nacional. Pero a partir del 2013, luego de la expropiación de las acciones de YPF y de sellar el acuerdo con la petrolera Chevron para trabajar en Vaca Muerta, la participación de esos subsidios en los gastos que emana el Estado alcanzaron los dos dígitos: el 10,18 por ciento.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, a partir de su proclama contra el déficit fiscal, se realizaron notables recortes a la inyección de fondos que serían paliados con los aumentos de las tarifas de gas y luz, los llamados “tarifazos”.
En base a otro informe, realizado por Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN), titulado “Los subsidios a los combustibles fósiles 2019-2020: ¿Todo sigue igual de ‘bien’?”, publicado en agosto pasado, se precisa que el Estado argentino entregó en materia de subsidios energéticos un total de 2922 millones de dólares en 2016. Pero en 2017 se redujeron a 1244 millones. Y al año siguiente, en 2018, a unos 340 millones.
Pero ese año, en la mitad de la presidencia de Macri, se retornaron los fondos para extraer gas no convencional en Vaca Muerta. De esta manera, hubo un leve recupero en 2019 con más de 576 millones de dólares pagados, un 69 por ciento de aumento en comparación con 2018.
Tanto uno como otro gobierno, establecieron desde el 2013, una serie de planes para beneficiar a todos aquellos capaces de extraer gas en la gran reserva neuquina. Tal es el caso del Plan Gas I (Resolución 01/2013), Plan Gas II (Resolución 60/2013), Plan Gas III (Resolución 74/2016), Plan Gas No Convencional (Resolución 46-E/2017) y el Plan Gas IV o 2020-2023, presentada por Alberto Fernández.
En la actualidad, los dos primeros planes, provenientes del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quedaron obsoletos. Y todavía se sigue pagando los planes lanzados por el macrismo.

Los ganadores
En 2019, la empresa que más tajada recibió de esos millonarios fondos fue Tecpetrol, del Grupo Techint de Paolo Rocca, el mismo que se reunió con Alberto Fernández, previo al lanzamiento del último plan de subsidios para el gas.
Tecpetrol se quedó con casi la mitad de esas transferencias: un 47 por ciento del total. La razón de por qué Rocca, considerado como el zar del monopolio del acero, se quedó con esa tremenda cantidad de fondos es porque su brazo petrolero, Tecpetrol, tiene entre sus activos la concesión de Fortín de Piedra, que es la principal área de gas de Vaca Muerta.
Después de Techint, en su cómodo primer lugar, las dos empresas siguientes que más recibieron esos subsidios fueron Compañía General de Combustibles (CGC) con 4500 millones (16 por ciento del total) e YPF, con 3200 millones (12 por ciento). El resto de las 22 compañías completaron el 25 por ciento restante.
En base a los estados contables, analizados por FARN, se calculan que los subsidios para el gas que recibió Tecpetrol fueron el equivalente al 35 por ciento de todos los ingresos que tuvo la compañía en materia de ventas para este suministro en 2019. Mientras que para la Compañía General de Combustibles fue más auspicioso: 53 por ciento.
Comparado con sus ventas totales, para Tecpetrol fue relativamente más auspicioso: un 26 por ciento, mientras que para CGC fue del 12 por ciento.

¿Y el pasivo ambiental?
A nivel institucional todavía no está presente una tasación que refiera al pasivo ambiental que estas empresas generan con a explotación hidrocarburífera. No existen cifras oficiales del costo económico que implica remediar los daños ambientales que generan los pozos de extracción de gas y petróleo. Mucho menos se cuantificaron los costos de la “remediación ambiental” (como se suele llamar en la jerga petrolera) de los derrames, explosiones y cursos de agua contaminados.
Un antecedente se observó durante las discusiones con la multinacional Repsol para recuperar las acciones de YPF (en 2012). Los ministros de Infraestructura y de Economía, Julio de Vido y Axel Kicillof, le advertían a la compañía española respecto a los casos de contaminación que provocaron sus pozos en distintas provincias. Según un relevamiento del diario Tiempo Argentino, en base a declaraciones públicas de funcionarios provinciales, si se sumaba el déficit financiero de YPF-Repsol con los costos que implicaba recuperar el ambiente dañado, por las extracciones de la petrolera, ofrecía un total de 15.000 millones de dólares de pasivos.
Meses después, el Gobierno dejó de lado los pasivos ambientales y acordó con Repsol la expropiación de YPF por 5000 millones de dólares.

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Una identidad enraizada en el territorio, como la del Pueblo Mapuce, se sustenta en una cosmovisión basada en el ordenamiento natural. Va mucho más allá de la “calidad de vida” que propone el capitalismo. No es acumular bienes, ni priorizar el individualismo y el lucro. Implica una continuidad…

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