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Documentos oficiales del Ejército confirman, en 1879, que el norte y centro de la actual jurisdicción neuquina eran territorio permanente de numerosa población mapuche, que se dedicaba a la actividad agrícola y ganadera.

Por Adrián Moyano, para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi)


La preexistencia del Pueblo Mapuche se constata a cada paso cuando se leen los partes de la 4ta División del Ejército, en la primera fase de la Campaña al Desierto. La presencia de toponimia en mapuzungun (idioma mapuche) es una constante, con denominaciones que incluso perduran hasta nuestros días. Además, las tropas al mando de Napoleón Uriburu no sólo batieron a los rankülche (ranqueles) y salineros que buscaban refugio en el antiguo Pikunmapu (Territorio del Norte), también asolaron poblaciones permanentes que se conformaban con ranchos y sembradíos.

En abril de 1879, las tropas del Ejército husmeaban por el arroyo Huarenchenque, en las cercanías del actual Loncopué.

La columna se conformaba con una sección de artillería de montaña de cuatro cañones, un batallón de infantería, el Regimiento 7° de Caballería y dos compañías de guardias nacionales, además de ingenieros y médicos. El 5 de mayo, los soldados cayeron sobre “las tolderías de Payeiran, cacique ranquelino emigrado de La Pampa, y recién establecido junto con varias familias chilenas a corta distancia de aquí”, según el diario de marcha de la 4ta División del Ejército, recuperados por el secretario de Roca, Manuel Olascoaga, y publicado en el libro “Estudio topográfico de La Pampa y Río Negro”).

Los invasores ultimaron al longko (literalmente “cabeza”, orientador político) junto a 14 de sus weichafe (guerreros) y se apoderaron de otros doce, más 72 mujeres, niños, niñas y ancianos. También robaron 100 vacas, 18 caballos y 500 ovejas. Del resumen se desprende que no fue un enfrentamiento entre dos fuerzas beligerantes, sino el ataque de una fracción militar que portaba equipamiento de última generación contra un poblado donde residía mayoría de gente no combatiente.

Esas características serían constantes en los siguientes seis años de avance argentino en nombre de la “civilización”. El informe del Ejército no consigna bajas entre los agresores.

El documento oficial advierte que “varios ranchos de indios recientemente abandonados, y rastros con señales de riego por medio de acequias, manifiestan que este lugar ha sido ocupado con alguna preferencia por las tribus que ahora se encuentran del otro lado del (río) Neuquén”. El caserío debió ubicarse no muy lejos del actual emplazamiento de la localidad de Chos Malal (norte neuquino).

El 6 de mayo de 1879, la 4ta División del Ejército permanecía sobre la confluencia del río Neuquén con el arroyo Curi Leivú, a seis leguas de las tolderías del longko Purran. Allí los oficiales estudiaron el terreno para, posteriormente, erigir el fuerte militar que años más tarde daría origen a la ciudad de Chos Malal. Las humaredas que divisaban al otro lado del río inquietaban a los soldados. Valiéndose de prisioneros, Napoleón Uriburu invitó (es la palabra que usó el mayor Gomensoro en sus anotaciones) a parlamentar al ñizol longko (longko principal) de los pikunche (gente del norte). El escriba incluyó una meticulosa descripción de los longko que se aprestaba a enfrentar la columna. Explicó que los dominios de Purran se extendían desde la ribera derecha del río Neuquén hasta Lonquimay por el sur y desde la cordillera, unas 40 o 50 leguas al este, para limitar “al sureste con los Huilliches de Sahüeque”, que por entonces residía sobre los ríos Collón Cura y Caleufú.

Veintidós poblados
Según la Inteligencia militar, eran 22 las tolderías pikunche, conducidas por otros tantos longko: Curaleo, Udalman, Cheuquel, Jancamil, Zúñiga, Guaiquillán, Thipaiñan, Cusiche, Queupo, Huenupi, Satuno, Henichulan, Sigñan, Currillán, González y Cheuqueya.

Más allá de la ortografía del militar Gomensoro, pueden reconocerse varios nombres que en nuestros días son apellidos de innumerables familias mapuche e inclusive, nombre de comunidades que perduran. El militar consignó que las primeras 14 tolderías eran de “bastante gente” pero llamativamente no mencionó al longko Rewke Kura, cuyo espacio territorial seguía al de Purran hacia el sur y se situaba antes del célebre “País de Las Manzanas (sur de Neuquén y sudoeste de Río Negro)”. Según el oficial, en conjunto se trataba de mil lanzas, incluyendo las rankülche que había encontrado refugio en la ruka (casa) de Zuñiga, sobre el río Agrio, en cuyas márgenes prosperan hoy Loncopué, Las Lajas y otras localidades.

Uriburu consideró de importancia estratégica la confluencia entre el río Neuquén y el arroyo que llegó a nuestros días con el nombre de Curi Leuvú por ser encrucijada de caminos. El inminente fuerte sería una expresión material muy concreta de la usurpación que la Argentina empezaba a culminar. “El valle reconocido hoy al oeste como al este se prestará para grandes potreros de alfalfa y otras sementeras, como lo manifiestan los rastrojos abandonados, en que los indios han hecho siembras de papas, trigo, maíz, porotos, lentejas, etc.”, detalla la investigación de Olascoaga, fechada en 1974.

Como puede advertirse, el estereotipo del indio “malonero”, sediento de sangre y adicto al pillaje, se da de bruces con la realidad agricultora que encontraban las tropas a su paso. ¿Quiénes habían cultivado los campos adyacentes a la naciente población de Chos Malal? Atónitos debieron observar los ojos de los pikunche las hileras de carpas que se florecieron en un abrir y cerrar de ojos, donde por siglos se habían desplazado las caravanas de sus mayores.

Si bien por las órdenes que había recibido, la 4ta División tenía que detenerse a orillas del río Neuquén, Uriburu convocó a un Consejo de Guerra con la participación de los oficiales bajo su mando. Después de las deliberaciones, el teniente coronel decidió soslayar no sólo el mandato del Ministro de Guerra y Marina, sino también el del Congreso de la Nación. Firmó el acta junto con sus pares Rufino Ortega (futuro gobernador de Mendoza), cuyos intereses económicos se relacionaron directamente con el despojo que sufriría el Pueblo Mapuche y la reducción a la servidumbre de su gente.

El fortín Alarcón se fundó durante la expedición de 1882, cerca de la confluencia del Picun Leufu con el Limay. Crédito: Libro «Historia Argentina», de Diego Abad de Santillán.

A un galope de distancia
Después de la decisión castrense, tres compañías al mando del mayor del ejército Torres vadearon las aguas, con la intención de caer sobre los hombres del longko Udalman, que vigilaban a los intrusos. Mientras tanto, se mantenía correspondencia con el longko Purran. Según los militares, el ñizol longko se proponía simular una retirada hacia el río Agrio, con el fin de atraer a sus perseguidores hacia una zona de pasturas venenosas que dañarían sus caballadas.

Puntualizó en sus anotaciones el militar Gomensoro que “por esos puntos al parecer de muy buen pasto hay una enfermedad original que da a los animales caballares –el huecué, que llaman los indios- y que les produce la muerte casi instantánea”. La pequeña localidad que en nuestros días responde al nombre de El Huecú está a menos de 50 kilómetros en línea recta de Chos Malal. En 1879, las fuerzas pikunche y argentinas estaban a un galope de distancia, pero en las tolderías más numerosas la prudencia sugirió ganar tiempo para poner a salvo seres queridos y bienes materiales.

Al atardecer del 9 de mayo de 1879, tropas al mando de Saturnino Torres retornaron al cuartel general después de sostener un entrevero con un grupo de 25 weichafe, al que provocaron dos muertos y tomaron cuatro prisioneros. Esa fue la primera acción armada que tuvieron que mantener hombres mapuches con el Ejército Argentino al sur del río Neuquén, inicio de una contienda desigual decidida de antemano.

Tres días después, salvo una guarnición que quedó en el fuerte (donde hoy es Chos Malal) y otra en Varvarco, el grueso de militares cruzó el río Neuquén con el afán de caer sobre los hogares de Purran y Udalman. A 17 kilómetros de su punto de partida, acampó “a la vista de varios rastrojos, pertenecientes al cacique Santuno, que ha vivido aquí hasta ahora poco, y a Chauque-llan, hermano de Purran”, trascribe Olascoaga. Tolderías enmudecidas y rastros frescos de sus moradores recibieron a los inesperados invasores.

Gomensoro precisó que en las nacientes del arroyo Nauman-có se ubicaban las invernadas del ñizol longko de los pikunche y que la expedición hizo un alto cerca “de unos ranchos de indios, recientemente abandonados”.

Que utilizara esa expresión en lugar de toldos puede referir la presencia de las tradicionales ruka (viviendas), más difundidas al oeste de la cordillera que al este, pero también indica que el Ejército se entrometía en un espacio territorial que sirvió de hábitat permanente para familias mapuches. No se trataba de un “desierto”.

El 17 de mayo la columna militar alcanzó la costa del río Agrio. Los documentos del Ejército describen: “En este punto donde estamos hay varios toldos de indios; son nuevos y se conoce que sus habitantes los abandonaron en estos días”.

Primeras revanchas
Después de varias acciones en las que fugitivos rankülche (ranqueles) llevaron la peor parte, Uriburu decidió acampar en la confluencia del arroyo Covunco con el río Neuquén, donde hoy se levanta Covunco Centro, a la espera de noticias sobre la marcha de las otras divisiones.

En la madrugada del 29 de junio, supieron los intrusos que la suya no sería una simple excursión invernal. El destacamento que custodiaba el llamado por ellos Paso de la Balsa en el Neuquén se replegó hasta reunirse con el grueso de la División, después de sufrir el ataque “de 60 picunches que en pelos y completamente desnudos, habían pasado el río”.

El atrevido contingente consiguió rescatar a una mujer y dos niños prisioneros, recuperó animales y de paso, tomó prisionero a un soldado. Según el relato militar, el resto de los efectivos se hizo fuerte en las alturas de una barranca e hizo fuego contra el insólito grupo de guerreros, que sufrió la pérdida del “capitanejo que los dirigía”. Luego de cruzar nuevamente el bravío Neuquén, los pikunche se reunieron con otro contingente “como de 200 que los aguardaban emboscados” y luego de ensillar, enfilaron hacia las nacientes del Covunco.

La resistencia se hacía notar pero el campamento de Los Médanos se pobló rápidamente de cautivos y cautivas mapuche. A pesar de la crudeza del invierno, el ánimo de los invasores se exaltó el 20 de julio, cuando se supo que una partida que lideraba el mayor Torres, “alcanzó a Baigorrita, muriendo éste en el combate con 5 de los suyos y tomando 25 de lanza y 33 de chusma prisioneros”. Baigorrita era icónica autoridad de los ranküche (una minuciosa semblanza suya aparece en “Una excursión a los indios ranqueles”, la célebre obra de Lucio Mansilla).

El informe militar difiere un tanto del que redactó el Secretario de la División Gomensoro: la caída del longko se produjo el 17 de julio, “éste había sido herido al tomarlo, y falleció ayer (18 de julio) en el camino”.

Pero no fue como consecuencia de las heridas recibidas que dejó de existir Baigorrita, según asevera otra versión. Aunque no queda claro cuál fue su fuente, el historiador del Ejército Isidoro Ruiz Moreno escribió que después de recibir un balazo y heridas de arma blanca, fue vendado para su traslado al campamento, pero el longko se arrancó las vendas, se arrojó del caballo en que iba y “hubo que matarlo”, según relata en su libro “Campañas militares argentinas. La política y la guerra. Luchas contra indios y sediciosos (1870-1884)”. Atribuye la expresión a “uno de aquellos gauchos” que integraba el destacamento.

La euforia entre la oficialidad fue tal que no sólo se remitieron felicitaciones para Torres y sus hombres. Se referencia también el ejemplar de un periódico con el proyecto de ley que concedería “terrenos de los conquistados en esta campaña a los individuos que componen las divisiones expedicionarias”, según señala el diario de la expedición citado por el historiador Manuel Olascoaga.

No sólo motivaciones patrióticas movían a los captores de tantas familias indígenas. Detrás de la falsedad histórica que adjudicaba extranjería a aquellos y aquellas que sufrían la destrucción de sus hogares, existían intereses económicos muy concretos, al igual que en la actualidad. Se dice que Añelo, la así llamada “capital del shale”, queda muy cerca del paraje donde perdió la vida el célebre longko rankülche, empecinado defensor de su libertad y del territorio ancestral, como el resto de sus pares.

La preexistencia mapuche se torna indiscutible, sólo con leer los partes de la 4ta División del Ejército de 1879. Y de la preexistencia derivan derechos, como establece el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. Entre ellos, “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan” las comunidades, al igual que el acceso a “otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Las evidencias que sustentan tales derechos, son contundentes.

Bibliografía

Olascoaga, Manuel J. (1974): “Estudio topográfico de la Pampa y Río Negro”. EUDEBA. Lucha de fronteras con el indio. Buenos Aires.

Ruiz Moreno, Isidoro (2009): “Campañas militares argentinas. La política y la guerra. Luchas contra indios y sediciosos (1870-1884)”. Claridad. Buenos Aires.

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El avance petrolero en Neuquén no respeta las leyes vigentes referidas a pueblos originarios. Amnistía Internacional señala la contradicción entre derechos humanos y extractivismo. La contaminación producto del fracking, el rol de YPF y el futuro Mapuche.

Por Pablo Quintana, para el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi)


Todo cambió desde que se organizó la cuarentena a raíz de la pandemia. Inclusive en aquellos territorios en conflicto como el de Vaca Muerta, esa formación geológica de shale (petróleo de esquisto o shale oil), que desde que se conjuró con la firma del acuerdo entre YPF- Chevron, en 2013, se transformó en la pesadilla de los pueblos originarios de la región.

Por un lado, la actividad extractiva se detuvo y con ello los movimientos sísmicos que se registran en la región dejaron de suceder. Pero la llegada del virus también paralizó las conversaciones que comunidad mapuches habían logrado instrumentar para exigir por sus derechos.

“La llegada de la pandemia frenó el diálogo que habíamos conseguido con la implementación de una mesa política a principio de año en la que íbamos a tratar diferentes temas en agenda”, dice Gilberto Wijipan, werken de la Confederación Mapuche Neuquina Zonal Xawvnko.

La Confederación exige a YPF diversos trabajos inconclusos que habían quedado en los diferentes territorios comunitarios como Campo Maripe, Futa Trayen, Lof Wirkaleu en Sauzal Bonito y Nehuen Curá en Rincón de los Sauces, entre otras comunidades.

El primer encuentro se materializó en febrero pasado en un salón de reuniones que concedió la Fiscalía Federal en Neuquén con la anuencia de la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. Allí comenzó a plasmarse la necesidad de contar con un protocolo para que se aplique la consulta a las comunidades, previa información de lo que se piensa desarrollar y los impactos que habrá, no sólo al ambiente sino a la cultura y a la salud.

“La presidenta del INAI así lo entendió -señala Wijipan-, por lo que nos pusimos a trabajar con la participación de YPF, sólo como escucha y sin toma de decisiones. Porque las decisiones son nuestras y del Estado argentino”.

Pese a la quietud, Lorena Maripe, como werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe, habla de la alerta permanente a la que están sometidos. “Si bien la crisis sanitaria frenó la actividad, vemos en los anuncios de los medios que la petrolera estatal YPF quiere volver a embestir ingresando los equipos petroleros. Así que estamos en alerta y haciendo recorridas dentro del territorio para evitar que se instale. Sabemos que la conducta de la petrolera es negar nuestros derechos, de que vivimos y existimos en el territorio”, dice desde Fortín Vanguardia, a unos 15 kilómetros de la localidad de Añelo, en el corazón de Vaca Muerta.

Crédito: Juan Thomes

Fracking y sismos
Desde que comenzaron las primeras perforaciones, 2013, nada volvió a ser como antes en la comunidad mapuche. No sólo se registraron impactos en el ambiente sino también en la vida social comunitaria. “El avance de las petroleras trajo consigo mucho movimiento negativo para nuestras vidas y nuestro desarrollo comunitario. El impacto ambiental es fuerte. Hay montes contaminados, donde el pasto ya no crece de la misma forma, el aire cambió. El agua no es buena para el consumo; las cabras, las ovejas, los caballos y las vacas la toman, pero no sabemos qué efectos les está produciendo”, esgrime la werken.

Explica que en las noches patagónicas el cielo estrellado se apagó. La alta meseta se transformó en una ciudad por la cantidad de torres iluminadas artificialmente. Esas mismas noches serenas y tranquilas dejaron de ser tales, sólo se escucha el gemir de los generadores y motores de las torres de explotación.

Desde hace un tiempo que el gobierno de Neuquén instaló dos sismógrafos para medir la intensidad de los temblores. Uno en Sauzal Bonito y otro en Añelo. “Cuando arrancó el tema de la pandemia en marzo se paró todo, los sismos que eran constantes cesaron. Algunos eran perceptibles y otros no”, afirma Lorena Maripe.

Cuando la petrolera angloholandesa Shell retomó los trabajos en junio volvió la actividad sísmica. Shell había firmado, en plena pandemia, un acuerdo para construir una planta de procesamiento de gas para el área llamada Bajada de Añelo, en Vaca Muerta. Estos últimos sismos fueron percibidos incluso en la zona urbana de Añelo.

Crédito: Martín Álvarez

Vaca Muerta y violación de derechos
El virus no sólo trajo aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar su contagio, sino que en algunos escenarios profundizó la situación de vulnerabilidad y afectó los derechos de las comunidades indígenas. Así se desprende del estudio realizado por Amnistía Internacional (https://territorioindigena.com.ar/Casos) que relevó más de 20 casos en todo el país en los que las comunidades indígenas sufren desproporcionadamente los efectos de la pandemia y sus medidas.

“La política indígena es una agenda invisibilizada, no prioritaria, no hay política seria indígena que haya asumido ningún Gobierno hasta el día de hoy. Y no sólo traducido en políticas territoriales de propiedad comunitaria. Argentina tiene la gran trayectoria y liderazgo a nivel internacional en materia de Derechos Humanos pero puertas afuera es un discurso y hacia adentro es otro. El indígena está afuera de esa cartera. Y la verdad que el Covid vino a demostrar justamente lo mismo, que no hay una política de abordaje. Reconocemos el trabajo comprometido de (Magdalena) Odarda, pero sin capacidad de gestión y sin articulación con las provincias es difícil”, sentencia la abogada, especializada en Derecho Internacional y directora Adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

De ese informe se desprende que en comunidades ubicadas en Chubut, Neuquén y San Juan el acceso al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no fue posible concretarlo por las distancias y la falta de acceso a la información, pese a lo dispuesto por el INAI (que reclamó realizar de manera proactiva un relevamiento integral en las comunidades indígenas del país a los fines de asegurar la efectiva prestación de ese beneficio).

“Vaca Muerta es el ejemplo más paradigmático de vulneración de derechos indígenas incumpliendo todos los que están vigentes y que se exigen en la Argentina. O sea, derecho territorial, cogestión de los bienes naturales, derecho a la consulta, lo que yo le llamo la tríada maldita porque son los que más recurrentemente vulneran los Estados con respecto a comunidades indígenas”, es el veredicto que señala la abogada Silvina Ramírez.

“Es cierto que después de la noche del macrismo, el Gobierno puede aparecer como más sensibles a determinados reclamos. Pero el panorama sigue siendo oscuro porque más allá de las buenas y malas intenciones, hay una estructura del Estado y un sistema económico que sigue vulnerando el derecho indígena. El actual modelo económico y su matriz energética son incompatible con esos derechos. Siempre el costo se paga con la vulneración de los derechos indígenas”, sustenta.

Integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derechos Indígenas (AADI), Ramírez remarca que es muy difícil avanzar sobre los derechos de los pueblos indígenas si se sigue apostando a este modelo extractivista, sea el Gobierno que sea. “Sí, podés tener algunas diferencias que uno podría remarcar como no menores, pero al final se van produciendo los despojos. Aunque no azucen a las fuerzas de seguridad en contra de las comunidades como pasó en el 2017 con los casos de Santiago (Maldonado) y Rafael (Nahuel)”, ejemplifica.

Ramírez recuerda que antes de la pandemia hubo una suerte de mensaje por parte de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, instando a generar mesas de diálogo. Menciona como ejemplo las gestiones que se realizan en torno al Lof Buenuleo en Río Negro o con el Pu Lof Pailako Futalaufken Mew en el Parque Nacional Los Alerces (Chubut). Aunque reconoce que son procesos complicados, donde muchas veces el estado nacional y las provincias tienen juegos complejos en el que no articulan. “Ahora podemos pensar que las fuerzas de seguridad como Gendarmería o Prefectura no saldrán a reprimir como lo hicieron durante el gobierno macrista, pero también es cierto que no hay una solución ni respuesta claramente satisfactoria a los pueblos originarios, fundamentalmente en conflictos territoriales”, señala.

Al momento de escribir esta crónica se produjo la irrupción en territorio mapuche por parte de efectivos del Ejército en un territorio que pertenece a la comunidad Millalonco-Ranquehue, en la región de San Carlos de Bariloche, con una fuerte campaña de los medios de comunicación demonizando a la comunidad indígena.

El futuro llegó
En Vaca Muerta también hay una magnificación sobre los supuestos beneficios. “Hay muchos espejitos de colores, por los costos que implicaría la extracción de esos bienes naturales, sin mencionar la caída de los precios de los commodities, que lo hace inviable económicamente”, reseña Ramírez, autora del libro “Horizonte político del movimiento indígena”.

La contaminación ya está en curso, entonces ¿cómo aplicar el derecho a la consulta previa (pilar del derecho indígena)? Para Ramírez existe un juego sucio por parte del Estado: “Se busca la consulta para legitimarse. Es decir ‘cumplimos con la normativa vigente’, pero ¿se consulta después de cuántos años? Cuando el territorio ya está contaminado. Uno de los ingredientes del artículo que regula la consulta y el consentimiento es que sea previa, libre e informada. Eso no se cumple”.

García Rey, de Amnistía Internacional, pronostica que “si el horizonte, como avizoramos, tiene que ver con este modelo de profundización de las actividades extractivas sin respetar los derechos vigentes, las tensiones van a recrudecer”. Y precisó el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con las comunidades indígenas: “Están pensadas desde este modelo económico, desde una idiosincrasia que tiene mucho de discriminación y xenofobia profunda”.

Para explicarse puso como ejemplo el caso de la localidad de Fontana (Chaco), sucedido en junio pasado, donde un grupo de policías atacó con inusitada violencia a una familia qom y tras la brutal agresión continuó con torturas en la comisaría a cuatro jóvenes, una de ellas menor de edad.

Crédito: Martín Álvarez

Leyes para incumplir
Tierra y territorio es la única forma de garantizar otros derechos para los pueblos originarios. Pero la Ley 26.160, que fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras de las comunidades indígenas, nunca se cumplió.

“La ley de relevamiento territorial parecía un horizonte que allanaba el camino y terminó siendo una cuestión interminable, muy manoseada”, indica García Rey.

¿Cómo se explica que una ley de emergencia que fue pensada en el 2006 para ser ejecutada en cuatro años lleva 14 años y con final incierto? “Sólo se explica por falta de voluntad política y desidia. El tema indígena no está en la agenda pública y sólo tiene cabida cuando pasa algo tremendo, como cuando fue la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado o el asesinato de Rafael Nahuel”, sintetiza Ramírez.

La abogada sostiene que la ley quedó tan mancillada que si los casos se judicializan hoy la Ley 26.160 no necesariamente es vinculante, ni siquiera inicia el trámite en sede administrativa de titulación colectiva. “Frena los desalojos, pero no va a resolver el tema territorial en Argentina. Pero es cierto que sin esa ley podríamos estar peor”, admite.

Para la integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) es imprescindible una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para resolver el tema de los territorios y sobre todo para solucionar la titulación colectiva, que “es darles seguridad jurídica a las comunidades, sino están como hojas al viento, no se sabe cuándo los vienen a desalojar”.

Se deberían alinear todos los planetas partidarios para que eso suceda. Hay cuatro proyectos que pierden estado parlamentario en diciembre y que hasta entonces no serán tratados. “Es imprescindible porque más allá del inciso constitucional que reconoce la propiedad comunitaria indígena y la Ley de Emergencia que perdió potencia y legitimidad después de 14 años, no hay otra cosa”, expone.

Futuro Mapuche
El virus frenó todo. Menos la resistencia mapuche. “No vamos a abandonar esa agenda, vamos a seguir por los títulos comunitarios, vamos a seguir exigiendo que las provincias no tienen por qué reconocer a las comunidades mapuches, no tienen por qué inventar un ‘mapuchómetro’ para decir si nos reconocen o no legalmente. Nosotros somos preexistentes. Que hayan querido invisibilizarnos es otro tema”, dice Wijipan.

El Pueblo Mapuche vuelve a reivindicarse para exigir y sostener sus derechos. Como Lorena Maripe y la longko Mabel Maripe, que estuvieron contagiadas del Covid y se recuperaron. “No llegamos a necesitar un respirador, pero los dolores fueron intensos”, describe Lorena. Recobraron fuerzas, como lo hicieron tras las diversas tentativas de desalojo, para decir presente en el territorio mapuche.

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