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Derecho Indígena

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En 2021 vence la tercera prórroga de la Ley Nacional 26.160, de relevamiento territorial de comunidades indígenas. A 14 años de su promulgación, en Neuquén los avances son escasos y numerosas comunidades mapuches quedaron por fuera del relevamiento, como el Lof Campo Maripe, en cuyo territorio se encuentra el yacimiento petrolero Vaca Muerta.

Por Florencia Yanniello


La Ley Nacional 26.160 fue sancionada en 2006 con un plazo de vigencia de cuatro años, con la intención de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas, en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Este artículo, además, establece que debe garantizarse “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. A 14 años de la sanción, en Neuquén es escaso el cumplimiento de la Ley.

“Falta de implementación”
El informe realizado en 2017 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre la implementación de la Ley 26160 afirma que la mayoría de las comunidades indígenas del país no cuenta con un reconocimiento legal de sus tierras acorde a sus formas de uso y ocupación tradicional. Esto deriva de la “desposesión histórica de grandes extensiones de sus tierras por estancieros y por la presencia de empresas agropecuarias, petroleras y mineras o de la superposición de parques nacionales y áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por pueblos indígenas”.
El objetivo principal de la Ley 26.160 es el de realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades originarias. El organismo responsable del cumplimiento de esta ley es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), actualmente presidido por la ex senadora nacional por Río Negro, Magdalena Odarda. Los plazos para el relevamiento territorial se estipulaban para 2010, aunque no se cumplieron y por ese motivo la ley fue prorrogada en tres oportunidades: en 2009, en 2013 y en 2017, esta última extensión prolongó su vigencia hasta noviembre de 2021.
Sin embargo, a tres años de la última prórroga, su implementación continúa siendo insuficiente. El relevamiento territorial afecta intereses de sectores privados y de grandes corporaciones y esto obstaculizó su realización, ya que en la mayoría de las provincias los avances han sido escasos.
“Muchas situaciones de desalojos están relacionadas con una falta de implementación de la Ley 26.160”, señala Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Argentina. “Si bien la valoramos como una ley muy novedosa y positiva en su letra y espíritu, es un punto de partida. Porque si después del relevamiento no se les otorga herramientas a las comunidades, esto queda sólo como un diagnóstico. Es fundamental contar también con una ley de propiedad comunitaria”.
La Ley 26.160 tiene relación con el compromiso asumido por Argentina al suscribir y ratificar del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que prevé que “los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión”.
Según un informe de Amnistía publicado en octubre de 2019, hasta ese momento el relevamiento llevaba 1687 comunidades identificadas por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI). De ese número, sólo 967 comunidades habían iniciado el proceso y aún quedaban por relevar 720 del total que se encuentran registradas. La publicación destaca, además, que en provincias con un fuerte componente de población originaria en donde se identificaron tensiones sobre los territorios –tales como Río Negro, Chubut, Neuquén, Formosa, Jujuy y Salta– no se finalizó el relevamiento.

Neuquén y la disputa por Vaca Muerta
La aplicación de la Ley en Neuquén fue problemática desde su inicio, señala Micaela Gomiz, abogada de la Confederación Mapuce de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (ODHPI): “La Ley es del año 2006 y en Neuquén recién se firmó el convenio entre Nación y Provincia para su implementación en 2012. Esto significó un atraso y una agudización de los conflictos ya existentes que podrían haberse abordado en el marco de los relevamientos territoriales”.
El Equipo Técnico Operativo (ETO) a cargo el relevamiento comenzó a trabajar en 2013 y en el convenio firmado entre el gobierno nacional y el provincial no se incorporaron la totalidad de las comunidades existentes, sino sólo las que tenían personería jurídica al momento de comenzar el relevamiento. “Ya partimos de un defecto legal, por incumplir la Ley nacional y su decreto reglamentario, que no establecen que la personería fuera un requisito excluyente para ser parte del registro. Así, se dejó afuera a una gran cantidad de comunidades que no cumplían con esta exigencia”, relata la abogada del ODHPI.

Crédito: Confederación Mapuce de Neuquén

Campo Maripe
La comunidad mapuche Campo Maripe, ubicada en la localidad neuquina de Añelo -en donde está situado el yacimiento de petróleo no convencional Vaca Muerta- fue una de las que quedó por fuera del relevamiento de la 26.160, por no tener personería jurídica en ese entonces.
En 2011 la comunidad se encontraba en pleno conflicto por la decisión de Repsol-YPF de explotar el yacimiento Vaca Muerta, ubicado en su territorio. Desde que la empresa anunció el descubrimiento de la formación petrolera y su interés en explotarla, la comunidad comenzó a padecer un proceso de hostigamiento por sus tierras.
Como habían quedado excluidos del relevamiento de la Ley 26.160, los integrantes de Campo Maripe tuvieron que encabezar una serie de medidas de lucha para que la Provincia se sentara a discutir con ellos. Así, lograron inscribir su personería jurídica en 2014 y exigieron un relevamiento territorial que el gobierno provincial promovió, pero luego desconoció arbitrariamente.
Este relevamiento -que se realizó por fuera de la ley nacional- fue llevado a cabo por un Equipo Técnico Interdisciplinario, que siguió el modelo y metodología del Programa de Relevamiento Provincial en el marco de la 26.160 y tuvo como encuadre institucional el Acta Acuerdo de Paz Social y Diálogo Permanente, firmada el 24 de octubre de 2014, entre la comunidad -representada por el logko (autoridad) Albino Campo- y el Estado Provincial -representado por el entonces ministro de Coordinación de Gabinete, Gabriel Gastaminza-. De ese trabajo surgió un informe, publicado en 2015, que describe y documenta el vínculo material y simbólico que sostiene la Comunidad Campo Maripe con las tierras que actualmente ocupa.

Negar la historia y criminalizar
“Fue un relevamiento muy interesante, trabajamos sobre memoria oral y con todos los archivos que encontramos. Ellos tenían mucha documentación de los tiempos de pastaje”, destaca Luisa Meza Huecho, estudiante de historia y miembro del Pueblo Mapuche, quien coordinó junto a la antropóloga Jorgelina Villareal el informe histórico antropológico. “La comunidad tuvo mucha predisposición para trabajar, tenían una necesidad enorme de demostrar que ellos siempre estuvieron ahí”, agrega.
“Para nosotros el relevamiento fue un hecho muy importante internamente, porque representa una herramienta para defender el territorio, para que ni las petroleras ni el Estado nos tilden de usurpadores”, cuenta Lorena Bravo, werken (vocera) de la comunidad Campo Maripe. “Fue un enriquecimiento muy grande porque nos trajo a la memoria a nuestros mayores, las primeras voces que teníamos que escuchar para contar la historia de la comunidad, de casi 100 años atrás. Todavía seguían en su recuerdo las maneras de nombrar algunos lugares que las petroleras han querido cambiar”, relata.
En relación al desconocimiento del informe por parte del gobierno neuquino, Meza Huecho manifiesta: “El Estado en ese momento relevaba comunidades y paralelamente le seguía sacando tierras. Campo Maripe necesitaba demostrar su pertenencia y preexistencia a ese territorio y con el relevamiento logramos demostrar que son cerca de 16.000 hectáreas las que pertenecen a la comunidad”. Recuerda indignada el trabajo realizado y luego ignorado: “Previo a entregarle al Estado el informe tuvimos una reunión del equipo completo con la comunidad para mostrarle los mapas y el registro. Y después de eso nos desconocieron el informe por completo. Nos mintieron en la cara”.
En la misma línea, la abogada Micaela Gomiz, recuerda: “No se quiso reconocer el informe antropológico, que era muy importante para dar garantías al reclamo de la comunidad, de la pertenencia territorial y de la pertenencia al Pueblo Mapuche”. Tal como relata la abogada del ODHPI, luego de ese episodio, el conflicto continuó y se recrudeció: “Empezaron las causas judiciales, entre ellas una penal por usurpación que estuvo seis años abierta, que tuvo un juicio oral en 2019, una absolución, luego se decretó la nulidad de esa absolución y hace alrededor de un mes logramos el sobreseimiento”.

2020
Actualmente el panorama se mantiene complejo. Si bien la comunidad no perdió la posesión de las tierras, sigue en alerta y todavía tiene en curso un juicio en el fuero civil. “Vivimos en una situación de presión constante, con un doble embate: por un lado, territorial y por el otro, judicial”, expresa la vocera Lorena Bravo y agrega: “La Ley 26.160 no resuelve todos los problemas de fondo, pero si se implementara bien garantizaría cierta seguridad para las comunidades frente a los intereses de particulares y de las empresas petroleras”.
Micaela Gomiz plantea que la resolución de este tipo de problemas nunca puede ser por la vía legal, ni penal ni civil. En ese sentido, manifiesta: “Existe una responsabilidad del Estado de tener que avanzar con el relevamiento, debería ser el instrumento válido y legal que permita dar certezas sobre lo territorial en estos casos e incluso indemnizar a los particulares que hayan adquirido tierras de buena fe. Por eso la Ley 26.160 es un instrumento importante y se tiene que reactivar con urgencia”.
La aplicación de la Ley sigue siendo un desafío en Neuquén y una deuda del Estado en la mayoría de las provincias. Sumado a esto, en el último año se intensificaron los debates sobre la posesión de las tierras del Pueblo Mapuche y se instaló nuevamente en la agenda mediática una mirada sesgada del conflicto. Luisa Meza Huecho, reflexiona: “Hay un enorme desconocimiento de la sociedad no mapuche sobre nuestro pueblo. Esto tiene que ver con las políticas de Estado y no de estos últimos 15 años, sino de los últimos 150. Hay una negación enorme hacia los derechos de los pueblos originarios”.

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